Justo Rodríguez Braga, condenado a dos años y diez meses de cárcel por el caso UGT

El ex secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, ha sido condenado a dos años y diez meses de cárcel por el caso de los cursos de UGT. El fallo lo considera cooperador necesario de un fraude de subvenciones en relación con la subvención concedida a IFES, en el año 2011, que implica una pena de diez meses de prisión y una multa de 210.000 euros; también deberá indemnizar al Principado con 330.179 euros, de forma solidaria con otros tres acusados, por los perjuicios causados por la comisión de este delito, y se le considera autor de otros dos delitos de fraude de subvenciones, con relación a las subvenciones concedidas a la UGT- Asturias en los años 2011 y 2012, con una pena, para cada uno de ellos y por cada delito, de prisión de un año y sendas multas de 254.521 euros y 122.028. La pena podría haber sido mayor, ya que se ha considerado que las subvenciones correspondientes a 2010 habían prescrito.

La sentencia también condena al resto de acusados: Mónica Menéndez Vázquez, exsecretaria de Administración de UGT Asturias y administradora de Infastur (3 años y 8 meses de prisión) ; María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur y Formación 2020 (2 años y 6 meses); Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación de UGT (dos años y 10 meses); Alberto González Castaño, técnico responsable de la justificación de las subvenciones en UGT (18 meses) y Silvia Sariego Ferrero, encargada de lo mismo en IFES (18 meses).

Además, se condena al sindicato con una multa de 122.028 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación.

El juicio sentó en el banquillo a seis exdirigentes y trabajadores de UGT Asturias, acusados de promover un mecanismo «fraudulento» para desviar fondos públicos procedentes de las subvenciones para impartir cursos de formación para trabajadores.

Se consideró que el sindicato e IFES (creada por UGT nacional para gestionar los cursos) utilizó tres sociedades mercantiles —Localmur, Infastur y Formación 2020– para inflar las facturas, respecto de los verdaderos costes que implicaba la formación, para así justificar ante el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) unas tarifas que no se correspondían con las del mercado. De este modo, a juicio del fiscal, ambas organizaciones se habían beneficiado de mayores subvenciones, que luego se destinaban a sufragar la estructura del sindicato.

• Temas
• UGT Union General de Trabajadores
• Justo Rodríguez Braga