Avalancha de oposiciones a funcionario para cubrir la oleada de jubilaciones

Este deseo podrá hacerse realidad este año para decenas de miles de españoles ante la avalancha de oposiciones que se avecinan en los próximos meses por todo el territorio nacional. Única. Histórica. Que, sin embargo, y al contrario de lo que pueda pensarse, no implicará un exceso de empleados públicos, sino que servirá para paliar los años de atasco en el acceso a un puesto en la Administración Pública y comenzar a hacer frente a una oleada de jubilaciones que están a la vuelta de la esquina.

Se podrá optar a plazas para todo tipo de perfiles. Médicos, enfermeros, ingenieros, arquitectos, diplomáticos, científicos, investigadores, bibliotecarios, inspectores de Hacienda y de Trabajo, profesores (de Primaria, Secundaria y universitarios), veterinarios, administrativos (donde se aglutinan la mayoría de vacantes), informáticos, interventores, letrados, vigilantes, auditores, contables, estadísticos, agentes del medio ambiente… Incluso hasta astrónomos, meteorólogos, farmacéuticos, oficiales de la Armada o traductores e intérpretes tienen un puesto libre para funcionario del Estado que ya se ha convocado oficialmente y podrá materializarse próximamente.

El abanico de opciones para trabajar dentro de la Administración Pública es infinita y muchas veces desconocida. «Hay un desconocimiento espectacular de las oposiciones que hay en España», se lamenta Nadia Quintela, responsable de Comunicación y Marketing del Centro Estudio Oposiciones. Además, se da también la circunstancia –incluso de forma habitual y recurrente– de que no se cubren todas las ofertas, como las de ingenieros, agrónomos, informáticos, bibliotecarios, arqueólogos, inspectores, sanitarios…

En estos momentos hay más de 21.000 plazas para nuevos funcionarios del Estado convocadas y pendientes de realizar las pruebas para puestos que corresponden a ofertas de empleo de los años 2020, 2021 y 2022, según un detallado listado elaborado por el departamento dirigido por María Jesús Montero al que ha tenido acceso este periódico. Pero no están, ni mucho menos, todas las que son.

Hay que sumar además las más de 9.000 plazas que se convocaron a finales del año pasado para el Ministerio de Justicia, que también comprenden las ofertas acumuladas en los últimos tres ejercicios, así como los 7.757 puestos para funcionarios de Correos para los que se han presentado ya más de 84.000 personas, que pelearán por uno de esos miles de empleos fijos el próximo 7 de mayo.

Comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos también han sacado ya miles de convocatorias para cubrir sus vacantes, entre las que destacan las de educación y sanidad, competencias que están transferidas a los gobiernos regionales.

Del mismo modo, no solo existen estos cerca de 40.000 puestos para nuevos funcionarios, sino que los empleados públicos actuales también pueden optar a un ascenso a través de las más de 16.000 plazas que van destinadas a la promoción interna. Un boom en toda regla, con más de 54.000 oposiciones convocadas en estos momentos (y serían muchas más si se contabilizaran las plazas dependientes de los gobiernos regionales y locales).

Esto se debe a dos motivos principales. En primer lugar, al toque de atención que dio Europa a España para que pusiera fin a la excesiva interinidad de larga duración que arrastra el sistema, puesto que su temporalidad supera actualmente el 30%. Y, en segundo, a que se han acumulado en 2023 las ofertas récord de empleo de los últimos años después del atasco y contención que ha habido durante los tiempos de crisis económica. Además, falta por aprobar la oferta de empleo de este año, que previsiblemente anunciará el Gobierno antes de las próximas elecciones.

Esta avalancha de oposiciones elevará a un nuevo máximo el número de empleados públicos que tiene España. En la actualidad hay más de 3,5 millones –según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2022–, tras haber sumado más de medio millón de trabajadores en los últimos cinco años.

Es más, más de la mitad del empleo creado desde la pandemia se debe al Estado, que se ha erigido como el principal empleador. Esto no ocurre en ningún otro país desarrollado: que se generen más puestos en la Administración que en el sector privado.

Pero no, España no tiene exceso de funcionarios. Al menos si se compara con el resto de países. Es más, se sitúa muy por debajo de la media de la OCDE. Si los estados desarrollados cuentan con casi un 18% de sus trabajadores dedicados a la Administración Pública, España tiene un 15,5%, según los últimos datos del año 2019. Incluso son prácticamente la mitad del nivel de funcionarios con que cuentan los países nórdicos. En el lado contrario, Japón ni siquiera llega al 6%.

Además, España es el segundo país con mayor envejecimiento entre sus funcionarios. Hasta el punto de que un 20% tiene más de 60 años. Incluso más del 60% supera la cincuentena, según el último boletín publicado por Función Pública. Así, ni siquiera esta oleada de oposiciones servirá para hacer frente a las decenas de miles de jubilaciones que se avecinan y pueden poner en aprietos a la Administración.

Los principales servicios públicos cada vez están más tensionados, pero no han sido priorizados al decidir el aumento de funcionarios. Solo hay que escuchar a los ciudadanos que han intentado hacer alguna gestión con la Seguridad Social para darse cuenta de que una gran mayoría quedan desatendidos durante semanas y meses.

Según los datos de la EPA, los empleados de la Seguridad Social han descendido un 33%, desde los 39.600 empleados públicos que había en 2012 hasta los 26.400 de 2022. La escasez de personal se ha querido suplir con una gestión telemática farragosa en muchos de sus trámites, lo que ha complicado más la situación.

También en el sistema sanitario hay problemas. Aunque más del 80% de los encuestados por el CIS valoran positivamente la atención recibida del médico, el 39,3% cree que el problema de las listas de espera ha empeorado y un 45,9% asegura que le está afectando el colapso de los centros de atención primaria.

Entre las medidas a tomar en la atención primaria, los ciudadanos abogan por aumentar las plantillas de personal sanitario. En los últimos diez años, los empleados públicos en el sistema sanitario gestionado por las comunidades autónomas han crecido un 15,5%, pasando de 505.185 a 583.417, incluyendo aquí desde médicos a enfermeros, celadores, auxiliares, administrativos, etc. Y su peso sobre el total del empleo público ha descendido en más de un punto hasta el 36,19%; eso quiere decir que el aumento en el número de funcionarios ha ido más a otras áreas que a sanidad, mientras que la población que puede requerir más asistencia sanitaria (los mayores de 65 años) ha aumentado un 12,6%.

En cuanto a la educación, el número de asalariados en la enseñanza no universitaria ha subido un 7% en los últimos diez años: de los 550.306 que había en 2012 hasta los 588.851 de 2022, pero su proporción sobre el total de empleados públicos de las CCAA ha caído en cuatro puntos porcentuales: del 40,7% que suponía en 2012 al 36,5% actual. Eso sí, la población a la que cubren –menores de 16 años– ha descendido un 13,3%, hasta los 7.094.128.