«Alcoa no podía esperar al nuevo Gobierno», advierten el Principado y los sindicatos

El Principado y los sindicatos vieron cumplida su reclamación antes siquiera de presentarla formalmente. Tras una reunión en la mañana de ayer que se prolongó durante casi dos horas, el Gobierno regional -con el presidente, Javier Fernández, y el consejero de Industria, Isaac Pola al frente- y CC OO, UGT y USO acordaron solicitar al Ejecutivo central elevar al máximo las compensaciones por los costes indirectos de CO2. Consideraron que esta es una alternativa que daría mayores garantías a los inversores interesados en adquirir las plantas que Alcoa posee en Avilés y La Coruña. Según explicó Pola, el Gobierno en funciones podría acometer esta medida, ya que solo sería necesario hacer una modificación presupuestaria.

«No queda tiempo y no se va a poder esperar a un nuevo Gobierno para garantizar la viabilidad, la actividad y el empleo de los trabajadores de Alcoa» con la aprobación del estatuto, señaló Jenaro Martínez, secretario general de FICA-UGT. De ahí, la importancia de la medida solicitada y conseguida, que permitirá incrementar sustancialmente la cuantía destinada a compensar los costes por emisiones indirectas de CO2 a los grandes consumidores, un gasto que se carga en su abultada factura eléctrica. Asimismo, Martínez urgió al Ejecutivo a «buscar una solución para Alcoa en dos meses que garantice el futuro de los trabajadores».

En este sentido, agradeció el «compromiso firme y el apoyo» del Principado, que transmitió a los sindicatos que «no va a tirar la toalla hasta encontrar una solución definitiva al problema de Alcoa». No obstante, recordó «el engaño» del Ejecutivo de Pedro Sánchez al no aprobar el estatuto para la industria electrointensiva antes de las elecciones, como había prometido a los trabajadores de la aluminera. Además, el secretario general de FICA-UGT anunció que las organizaciones sindicales iban a pedir la reunión de inmediato de la mesa técnica que realiza el seguimiento del conflicto de Alcoa, integrada por el Gobierno central, el Principado, la Xunta de Galicia, los sindicatos y la propia multinacional. Horas después se confirmó que tendrá lugar el 6 de abril.

Por su parte, el secretario general de la federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, aseguró que «los trabajadores de Alcoa y las organizaciones sindicales no vamos a consentir que la incompetencia política de los gestores del país suponga la pérdida de empleos». Además, puso de manifiesto que los sindicatos y el Principado comparten la búsqueda de inversores para la planta avilesina, que sigue su curso de forma paralela al aumento de este tipo de ayudas para las empresas.

Por otro lado, Manzano pidió explicaciones sobre el informe de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMV), cuyas objeciones motivaron el aplazamiento de la aprobación del estatuto pese a no ser vinculante, ya que está fechado el 9 de abril y se dio a conocer el jueves. «¿Por qué nos han estado engañando hasta el 25 de abril?», cuestionó.

Para el coordinador de la gestora de USO-Asturias, Juanjo Estrada, elevar las ayudas por costes indirectos de CO2 «es fundamental para seguir avanzando en esta situación, a pesar de los reveses que tenemos». Unas cuantías esenciales en un momento crítico para los trabajadores de Alcoa, pendientes de que aparezcan inversores antes del 31 de mayo. Esa es la fecha límite establecida por la aluminera para recibir una propuesta de oferta vinculante.

Por su parte, Pola reconoció que «uno de los parámetros importantes para encontrar una solución industrial a las plantas de Alcoa es el coste de la energía eléctrica», que en los grandes consumidores puede suponer hasta el 40% de sus costes de producción. Así, «cualquier medida que suponga un abaratamiento será bienvenida», indicó. Asimismo, subrayó que las negociaciones para encontrar inversores para adquirir las factorías de Avilés y La Coruña continúan desarrollándose.