Aislados, sin paisanos y ahora sin carbón

La pregunta se la hace en voz alta Diego Álvarez, que con 28 años trabaja en el bar La Abadía. Junto a él, sentados frente al Consistorio cangués, se encuentran Benjamín Pérez, también socio de este establecimiento; Jesús Rolo, del restaurante La Ruta, y los mineros Marcial Fernández y Alfredo González. Estos últimos pertenecen a la Plataforma Santa Bárbara y, a lo largo de los últimos meses, su lucha se ha recrudecido con el objetivo de mantener viva la minería en la zona. La actividad, como en el resto de la región, tiene el 1 de enero como fecha límite y la incertidumbre marca el paso de los mineros y de los vecinos de los concejos con actividad minera. «¿Y ahora qué? No tenemos noticias ni del Gobierno, ni de los sindicatos ni de nadie. Solo contamos con buenas palabras que, a la hora de la verdad, no sirven para comer», resume González.

Tanto él como su compañero trabajan desde hace años en la mina canguesa de Carbonar, en Vega de Rengos. La explotación de antracita, en proceso concursal, cuenta con una plantilla que ronda el medio centenar de trabajadores. La mayoría, sin embargo, están afectados por un ERE abierto a raíz del incendios ocurrido a principios de año en el interior de la mina. Solo ocho trabajadores realizan labores de mantenimiento en el pozo. Los demás esperan en sus casas a la entrada del nuevo año.

«Hasta enero o febrero, cuando se inició el incendio, trabajábamos normal y nos confirmaban que no íbamos a cerrar. Ahora nada está claro, se trabaja controlando los niveles de agua en las galerías y el caso es que desde febrero estamos parados», lamenta Fernández. El plan de futuro para el sector, tal y como reconocen sus colegas de las cuencas, no parece lo suficientemente estable como para asegurar el trabajo en la comarca. «Dicen que nos van a incorporar a otros sectores, pero no nos fiamos. Dicen que replantaremos la escombrera, pero eso, a lo sumo, garantiza dos meses de trabajo. ¿Qué haremos el resto del tiempo?, asevera el minero, quien acumula más de 20 años en el pozo. Su situación como trabajador de contrata no hace más que complicar la situación.

Carbonar, a pleno rendimiento, se traducía en más de 200 puestos de trabajo directos e indirectos. Todo un motor económico para una de las comarcas más afectadas por el despoblamiento y la sangría demográfica. En los últimos años, el Suroccidente marca cifras de récord a la hora de perder habitantes. Así, en los últimos 20 años, Cangas del Narcea perdió el 27,3% de sus habitantes; Tineo, el 26,9%; Degaña, el 37,5% e Ibias el 38,7%. «Es una cadena, si la gente marcha hay menos maestros, médicos y comerciantes. La gente ya no quiere vivir aquí y solo los más mayores viven. Aquí, además, necesitas dos horas en coche para llegar a cualquier lado. Es un desastre», asevera Pérez, del bar La Abadía.

El pesimismo ante la ausencia de un plan concreto sobre el futuro de la región se respira entre vecinos y comercios. Silvia Campa, que desde hace cinco años regenta una tienda de ropa en Cangas del Narcea, sintetiza en una frase el sentir general de los concejos del suroccidente: «Del verano en adelante se nota una falta de ánimo pasmosa. Hay miedo a perder el motor económico, a que se deje de gastar dinero en el comercio local».

¿Y el futuro? Para los integrantes de la Plataforma Santa Bárbara solo cabe una opción: «Pedimos que la mina siga abierta hasta que haya una transición efectiva. Que Cangas no muera. Se hizo un plan hasta 2027, pues que se aguante hasta esa fecha y mientras tanto se pongan en marcha alternativas viables», zanja González.

El futuro es, desde hace unos meses, el único tema de conversación para los trabajadores de la Compañía Minera Astur Leonesa. La empresa, propietaria del pozo Cerredo, en Degaña, cuenta con más de 150 trabajadores. Recientemente, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo aprobó su plan de liquidación definitivo. No obstante, el dictamen judicial considera «beneficiosa para el concurso la inclusión en el plan, como método de liquidación preferente, la dación en pago a favor del acreedor hipotecario». El ERE, que mantiene sin actividad al 90% de la plantilla, fue la puntilla para los trabajadores de una explotación que desde mayo no tiene suministro eléctrico.

La solución pasaría, según apuntan los trabajadores, por la aparición de un comprador interesado en el pozo. Una situación complicada, reconocen, por el anunciado cierre de las centrales térmicas y por la dificultad de colocar el carbón tras los recientes anuncios del ministerio de Transición Ecológica. «En un principio sí había compradores interesados en el pozo. Estamos de acuerdo en que haya una transición, pero esta tiene que pasar por el carbón», apunta Pablo Ménguez, de 40 años.

Para los trabajadores de Astur Leonesa, este último año está siendo especialmente complicado ya que acumulan doce meses sin cobrar. Conscientes de que el dinero invertido con cargo a los Fondos Mineros no ha traído ninguna alternativa consistente a la actividad del pozo, la única solución pasaría por una moratoria. Esto es, «que se deje comparar a las empresas interesadas y que la vida del pozo se alargue unos años más». Un extremo que dependería directamente del dictamen del Ministerio.

Por lo pronto, las empresas que asoman en el Suroccidente -«o las que se atreven a hacerlo, mejor dicho»-, son de tamaño pequeño y la absorción de los 200 empleos derivados del pozo Cerredo parece misión imposible. «Dicen que quieren impulsar algo renovable, pero lo que tenemos seguro es que esto no puede hacerse de un día para otro, necesitamos tiempo... ¡Solo tiempo!», lamenta Rubén Menéndez, ayudante minero de 32 años que también quedaría en la calle.

La tercera mina activa en la comarca, al menos hasta el inicio de 2019, es la de Pilotuerto. Explotada por la Unión Minera del Norte (Uminsa), también cuenta con medio centenar de trabajadores entre plantilla y contratas. La decadencia del pozo, según relatan los que han vivido de él, se alarga ya desde hace una década. «Yo nací aquí arriba y desde siempre nuestra clientela fueron camioneros y mineros. Aunque estos últimos ya casi no se ven todavía podemos vivir de los primeros», señala mirando hacia el piso superior Enrique Rodríguez.

Desde hace años regenta Casa Enrique, a escasos metros del embalse de Pilotuerto. En otras palabras, el punto de encuentro de los trabajadores que acababan su turno en el pozo tinetense. «Ahora lo que se mueve aquí es madera de pino. De diez años para acá, desde que empezaron las prejubilaciones, no queda nadie», apunta resignado. La liquidación de la empresa supondrá un nuevo punto de inflexión en una comarca necesitada de renovación.