Asturias aumentará la vigilancia a las empresas ante la escalada de la siniestralidad laboral

«Nunca se han convocado tantas plazas», subrayó Lastra en referencia a las cuatro plazas de la Inspección, que se espera que sean publicadas en un corto periodo de tiempo. Tras la incorporación de los nuevos profesionales, Asturias dispondrá de 22 inspectores de trabajo y 9 subinspectores. Además, la delegada del Gobierno adelantó que este ente «acomodará su propia organización del trabajo a este plan» y focalizará buena parte de sus esfuerzos a la prevención, «porque lo que sí estamos detectando es que hay problemas en la organización del trabajo, problemas serios en prevención de riesgos laborales», recalcó, sobre todo, tras la pandemia. «No es otra cosa que salvar la vida de trabajadores y su salud», agregó.

Por su parte, Sánchez, que destacó al igual que Lastra el pionero sistema de cogobernanza asturiano, avanzó también que se analizará cómo es la integración de los sistemas de prevención en los centros de trabajo y se investigarán tanto los accidentes graves como los leves. De hecho, se espera que el incremento de la plantilla del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales permita aumentar también el número de inspecciones.

Asimismo, se examinará «cómo se están desempeñando los servicios de prevención, tanto ajenos como propios», ya que «casi en el 70% de los casos donde ha habido fallecidos, hay alguna causa relacionada con la organización del trabajo».

Otra cuestión que se desarrollará será «un análisis estadístico más profundo y no meramente descriptivo» de los siniestros para tratar de «anticipar patrones» que permitan evitar los accidentes.

La reunión contó igualmente con la presencia de representantes de los sindicatos y de la patronal. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, que volvió a mostrar su preocupación por la sucesión de accidentes, señaló que su organización comparte las medidas anunciadas «que, en definitiva, consisten en intensificar la prevención» y mejorar, en lo posible, su planificación. Además, destacó los frutos que ha dado en esta materia la cogobernanza entre administraciones, sindicatos y patronal, más allá de la concatenación de siniestros de las últimas semanas. No obstante, quiso «dejar claro que esto es una tarea de concienciación por parte de todos y que necesitamos la implicación de toda la cadena. Desde luego, las empresas también, el Gobierno y los trabajadores».

Por su parte, el secretario general de CC OO Asturias, José Manuel Zapico, respondió que «esto no va solo de concienciación, va de cumplir la legalidad», ya que «la mayoría de los accidentes mortales que se producen carecen de una evaluación de riesgos laborales y si la tienen, la actividad en la que se produce el accidente no está contemplada». Para ello, reclamó más personal en la Inspección y el Instituto de Prevención de Riesgos –«que se acabe esa etapa de no cubrir vacantes»–, pero también «necesitamos más efectivos en las empresas, en los tajos, velando, sobre todo, en aquellas actividades potencialmente peligrosas». Y pidió, asimismo, recursos en el ámbito judicial, que la Fiscalía tenga medios suficientes, así como un juzgado específico en esta materia. Todo para «poner a los culpables de esas muertes ante los tribunales y que paguen por ello». A esto añadió la solicitud de ayudas para los huérfanos que deja esta lacra.

Mientras, el secretario general de UGT en la región, Javier Fernández Lanero, valoró el incremento de personal anunciado ayer, aunque recalcó que «la responsabilidad de garantizar la prevención y la salud laboral en las empresas es de los empresarios». Además, hizo hincapié en que los datos que se manejan demuestran que muchos de los accidentes se deben a causas organizativas y «a un uso exagerado» de la subcontratación. «Y a partir de aquí, el gran problema que tenemos es el uso y el abuso de los servicios de prevención ajenos», que hacen evaluaciones de procedimientos de trabajo «estáticos» y manuales «que engrosan las estanterías», pero no se analiza realmente dónde se produce el trabajo y cómo se tiene que hacer de manera segura. Por ello pidió que se cambie la ley para que no se recurra tanto a estos servicios externos, que afectan a empresas de menos de 250 o 500 empleados, según su tipología, y en Asturias, con un tejido compuesto básicamente de micropymes, «las grandes empresas que tenemos que estudiar son de 50 trabajadores».