«No hubo alteración sustancial» de las ayudas para formación, afirma UGT

UGT mantiene que no puede imputarse a los exdirigentes y trabajadores del sindicato delito de fraude de las subvenciones a tenor de la documentación elaborada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la que, hasta el momento, ha tenido acceso. El bufete Proley, que defiende los intereses del exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, y del grueso de las personas vinculadas a esta central detenidas el pasado mes de enero, argumenta que teniendo en cuenta que no se pone en duda que los cursos de formación subvencionados por el Principado fueron impartidos por el sindicato de forma correcta, el delito de fraude de subvenciones sólo podría sostenerse si se hubiera producido una «alteración sustancial» del destino de los fondos. Un extremo que, según las cifras que baraja la UCO en el último informe y el criterio de la defensa, no se cumple «en absoluto».

La cantidad supuestamente defraudada por UGT entre 2010 y 2014 se eleva a 845.000 euros. De esta cifra, 761.000 euros corresponderían a fondos utilizados presuntamente de forma irregular para financiar nóminas de los trabajadores, mientras que el resto está relacionado con otro tipo de gastos estructurales que, a juicio de la Guardia Civil, tampoco deberían haberse abonado con cargo a estas ayudas.

El abogado Francisco Alonso señala que las cantidades supuestamente defraudadas en cada ejercicio investigado representarían, en todo caso, entre un 7% y un 14,6%, según el año, del total de las subvenciones concedidas al sindicato para impartir este tipo de cursos. El letrado considera que asumiendo, incluso, el criterio de la Guardia Civil de que se justificó de forma irregular este dinero, el porcentaje desviado con respecto al total de la ayuda es «insuficiente» como para poder considerarlo «sustancial» y, por lo tanto, estar cometiendo un delito. «Con la información que tenemos podemos confirmar la inexistencia de delito porque en ninguno de los ejercicios que se está investigando se ha hecho un desvío sustancial de los fondos», insiste Alonso. Concretamente, el montante investigado en 2010 (268.000 euros) representaría un 12,2% del total de la subvención recibida aquel año; el de 2011 (324.000) supondría un 13,2%; la cuantía investigada en 2012 (103.000 euros) sería un 14,6%; la de 2013 (19.000 euros) supondría un 7,4% y la de 2014 (128.000) correspondería a un 7%, según datos facilitados por el bufete.

Desde el sindicato se viene defendiendo de forma insistente que las diferentes convocatorias de ayudas permitían el uso de hasta el 20% (en algunos casos esta cifra fue menor) de los fondos recibidos para sufragar costes indirectos en los que, a juicio del sindicato, podrían tener cabida parte de las nóminas del total de los trabajadores de la central. La defensa desconoce si la UCO tiene en cuenta este criterio, porque asegura que no hace mención a ello en sus pesquisas. En cualquier caso, entiende que aunque lo hubiera tenido en cuenta y, aún así, considere que el montante investigado no tiene cabida en ese apartado de gastos indirectos justificables, «se trata de cantidades ínfimas» que no justifican la actuación policial.

De forma paralela, el último informe de la UCO realiza una nueva valoración de los gastos financiados por la fundación Ifes (vinculada a UGT) con cargo a estas mismas ayudas que, según los investigadores, se habrían justificado de forma irregular mediante «facturas engordadas» de los costes de alquileres. Se sitúa ahora el montante supuestamente defraudado en los 463.000 euros, lo que supone una rebaja importante con respecto a la estimación realizada en informes previos, que elevaban el fraude a los 728.000 euros, sin que, según la defensa, se haya aportado explicación alguna sobre el cambio de criterio.

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