Marcha en Oviedo por las libertades y del derecho de huelga

Los máximos responsables de los sindicatos UGT y CCOO en Asturias, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, respectivamente, han encabezado la concentración celebrada hoy en Oviedo por el derecho de huelga, dentro de la campaña reivindicativa en el ámbito nacional contra la "criminalización" de 300 sindicalistas.

Los manifestantes, que han secundado el llamamiento situados tras la pancarta en la que podía leerse "En defensa de las libertades y del derecho de huelga", han mostrado su solidaridad con los sindicalistas encausados, entre ellos los pertenecientes a Arcelor.

El manifiesto leído al final de la concentración recogía que "muchas luchas y esfuerzos" fueron necesarios para que la huelga, ilegal hasta 1977, fuera finalmente considerada como derecho fundamental en la Constitución, poniendo fin, así, a la persecución de los conflictos laborales y dotando a este derecho de protección jurídica.

"No es concebible un sistema democrático sin el respeto de los poderes públicos al libre ejercicio de este derecho", añade el manifiesto, que reivindica que la libertad sindical supone no solo el derecho de los trabajadores a crear o formar libremente organizaciones de su elección, sino también de llevar a cabo actividades colectivas para defender intereses como la huelga".

También han denunciado las "injustas políticas de austeridad y recortes implantadas en España desde el año 2010, que solo han provocado desigualdad y exclusión social, lo que ha conllevado un fuerte rechazo social".

Entre esas protestas han jugado un papel clave las huelgas generales de los años 2010 y 2012, añaden el manifiesto, que recoge que la respuesta a las mismas por parte de los poderes públicos ha sido "la represión y la criminalización" de las personas participantes en las mismas, a través de la aplicación del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana.

UGT y CCOO consideran "imprescindible" seguir movilizándose, ya que "se ha criminalizado" las actuaciones de 300 sindicalistas en defensa de los derechos de los trabajadores, entre ellos los cinco empleados de Arcelor en Asturias con una sentencia condenatoria que suma 21 años de prisión, o los ocho de Airbus en Madrid para quienes el fiscal pide 64 años de cárcel.

Las organizaciones sindicales destacan que las penas impuestas a los trabajadores de Arcelor son las "más significativas", y denuncian que en la región más de 100 personas están o han estado incursas en procedimientos administrativos y penales por actuaciones en las huelgas generales de 2010 y 2012 y en movilizaciones sectoriales como las de la minería o el transporte, entre otras.

Ambos sindicatos han exigido al Gobierno que acometa las reformas legislativas que sean necesarias para lograr la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, así como las reformas laborales de 2010 y 2012. T

Asimismo, han reivindicado decretar la absolución de todas las trabajadoras ya juzgados y condenados por participar en las huelgas generales de 2010 y 2012, y dictar cuantas resoluciones sean precisas para evitar el ingreso en prisión de todas las personas encausadas pendientes de juicio.