El naval español gana la guerra del 'tax lease'

La cifra que la Comisión Europea reclamaba a los astilleros por el antiguo 'tax lease' -las ayudas al sector naval español concedidas entre 2007 y 2011- fue menguando de 2.800 millones iniciales a 126, pero esta cantidad no dejaba de ser una espada de Damocles para todo el sector, que auguraba el fin de la industria de confirmarse la sanción. Ayer, sin embargo, el Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión de la Comisión de declarar ilegal este sistema de bonificaciones fiscales para los inversores en astilleros y que obligaba a devolver las ayudas.

La sentencia rechaza que el 'tax lease' falseara la competencia y afectara a los intercambios comerciales, como en su día argumentó el comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, a instancia del sector naval holandés, que consideraba que este sistema de arrendamiento fiscal era lesivo para sus intereses. Este razonamiento queda ahora desmontado por el Tribunal de Luxemburgo, que afirma que la explicación de la decisión «no está suficientemente motivada» y que el 'tax lease' no concedía una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.

No obstante, esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución. En este sentido, la Comisión Europea ya ha advertido de que estudiará el fallo para decidir los pasos que va a seguir, incluida la posibilidad de un recurso.

Por su parte, Pymar -la sociedad que agrupa a los principales astilleros españoles- se ha felicitado por la sentencia y ha anunciado que estudiará «todas las posibilidades legales» para que se reparen los daños y perjuicios «en términos de empleo, económicos y reputacionales» ocasionados por la decisión de Bruselas, porque aunque no se tengan que devolver las ayudas, los astilleros españoles sufrieron un daño enorme que, incluso, llevó a la quiebra a muchos de ellos.

Los orígenes

El caso del 'tax lease' se remonta a 2013, cuando Almunia exigió a las autoridades españolas calcular y recuperar las ayudas que se habían concedido con este mecanismo diseñado para financiar los buques y que conseguía disminuir los impuestos que tenían que pagar las empresas mediante un complejo engranaje tributario. Al final, el sistema suponía un descuento del 20% en el precio para los armadores. La cantidad total concedida mediante el 'tax lease' ascendía a 2.800 millones de euros entre 2005 y 2011, aunque la exigencia de Bruselas redujo después el periodo dos años y se consideró que solo una parte era irregular, lo que rebajó la cifra, según los cálculos del Gobierno español, a 126.

La decisión del comisario de la Competencia supuso un duro golpe para el sector, sobre todo en el Principado, el País Vasco y Galicia, donde esta industria tiene más peso. En su día, Pymar calculó que en Asturias se construyeron alrededor de medio centenar de embarcaciones de las 175 que a nivel nacional se acogieron a este sistema. El daño para los astilleros españoles fue inmenso, ya que tuvieron que hacer frente a la dura crisis económica con un entorno de completa inseguridad jurídica y con la sombra de una posible devolución retroactiva, lo que redujo enormemente su carga de trabajo. De hecho, a raíz de la exigencia de Bruselas, se produjo un trasvase de pedidos a Holanda, cuyos armadores fueron los firmantes de las denuncias y son los principales competidores de los españoles.

Mientras, el Gobierno de España, pero también los del Principado, el País Vasco y Galicia, los sindicatos y Pymar emprendían en Bruselas la batalla para no tener que devolver las ayudas. «Ese es el espíritu que nos ha permitido que se haga justicia», señaló ayer la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, en referencia a la unidad que mostraron ante las instituciones comunitarias.

Sin embargo, más allá del sector naval, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo también tranquiliza a otras muchas empresas, casi ochenta, que invirtieron en su día en los astilleros, entre ellas las principales entidades financieras, como Liberbank, Bankia o el Banco Santander, y otras aparentemente muy alejadas de esa industria, como Inditex, Duro Felguera o la Joyería Tous.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, que ayer se encontraba en Vigo, una de las localidades en las que el sector naval tiene más peso, consideró «una gran noticia» y «un empuje importantísimo» la decisión del Tribunal. «Es dar la razón a los que hemos peleado tanto y hemos resuelto el problema del 'tax lease', frente a algunos otros, especialmente el comisario socialista Almunia, que en todo momento estuvieron defendiendo que era incompatible con la normativa comunitaria», remarcó.

Por su parte, la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT) celebró también la decisión de la justicia europea, aunque criticó «la tardanza del Gobierno en reaccionar a la declaración de ilegalidad, primero consintiéndola, y posteriormente al presentar el recurso». «La falta de acción del Gobierno ha provocado la paralización del sector de construcción naval en España y, en consecuencia, ha supuesto un grave perjuicio para sus astilleros, aquejados de una grave crisis de carga de trabajo desde entonces que ha originado la pérdida de puestos de trabajo», subrayó en un comunicado.