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Oviedo
Martes, 12 de enero 2021, 14:46
El sindicato SOMA-Fitag-UGT cree que el país necesita un pacto de estado por la energía «moderno, riguroso, flexible, de medio y largo plazo» que aporte seguridad jurídica y estabilidad a los sectores energético e industrial y que también contribuya a ganar en ... productividad y a la generación de empleo estable y de calidad.
En el marco de este acuerdo, plantea que Hulleras del Norte S.A. (Hunosa) se transforme en una empresa energética pública que ayude a «contener los excesos del mercado» y reclama la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, una infraestructura «indispensable» para el desarrollo de Asturias y que puede facilitar el desarrollo de un vector de crecimiento como es el hidrógeno.
«Si realmente se pretende reforzar el uso y la instalación de una variedad de tecnologías de energía verde en España, se debe apoyar sin ambigüedades la fabricación nacional de cualquier tecnología renovable, y este es un matiz que se está pasado por alto en un momento que la política de energías renovables está viva en toda Europa, y es más necesario que nunca, como decía, un apoyo decidido y protección para la fabricación de tecnologías renovables nacionales«, sostiene.
El sindicato ha enviado, por otro lado, «observaciones» a la consulta pública previa sobre el Proyecto de Orden Ministerial que regulará el procedimiento y requisitos aplicables de los concursos públicos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica de instalaciones de generación de procedencia renovable en los nudos de zonas de transición justa.
Para SOMA-Fitag-UGT, resulta fundamental la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo de nueva potencia renovable en las zonas afectadas por el cierre de centrales de carbón, y la recuperación económica y social de dichas zonas, con especial atención a la generación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación.
Según su criterio, la norma debe incorporar requisitos mínimos de solvencia económica-financiera y discriminación positiva para aquellas solicitudes con beneficios medioambientales y sociales para las zonas afectadas por los cierres.
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