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La junta rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) celebró ayer una reunión extraordinaria para hacer seguimiento del plan de choque puesto en marcha tras la oleada de accidentes laborales graves y mortales que afectó a Asturias desde finales de agosto ... y hasta mediados de octubre. Con algunos datos ya en la mano, el consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, que presidió el encuentro, desveló que de los 57 servicios de prevención ajenos que funcionan en la comunidad –doce acreditados aquí y el resto en otras regiones, pero con actividad en Asturias– , tan solo seis cumplían con todos los requisitos demandados, apenas el 10%. Se trata, básicamente, de cuestiones técnicas, que el Principado espera que se subsanen, pero en caso de no hacerlo podría suponer que se les retire la certificación.
Precisamente, la labor de los servicios de prevención ajenos es uno de los aspectos que los sindicatos critican, ya que consideran que hay un abuso en su utilización. En el caso del tejido empresarial del Principado, compuesto básicamente por pymes y micropymes, son los principales encargados de esa prevención, dado que la normativa solo obliga a empresas con centenares de empleados a contar con servicios propios y la mayoría recurren a este tipo de compañías para realizar esta labor –el 90% lo hace–. Entre las cuestiones que se censuran está la ratio de trabajadores que corresponde a cada técnico, que consideran demasiado alta.
Aunque el consejero no entró en el detalle sobre los incumplimientos detectados, sí que citó, por ejemplo, que no se asignen recursos humanos con la titulación específica para las funciones que se tienen que desarrollar o que se sobrepasen aún más las ratios estipuladas –250 empleados por técnico–. Igualmente, no quiso atribuir la sucesión de accidentes que se produjo durante aquellas semanas a esa problemática. «Es muy arriesgado otorgar causalidad», apuntó.
No obstante, desde UGT, su secretario de Salud Laboral, Marino Fernández, insistió en que los técnicos «tienen que estar en el tajo» y que con el modelo actual, en la mayoría de los casos, «están en oficinas pidiendo papeles y haciendo copia y pega». Además, con 250 trabajadores por técnico no cree viable hacer un seguimiento adecuado y argumentó también que muchas empresas buscan, a la hora de elaborar sus planes de prevención, aquellos servicios que son más baratos, «y eso son menos recursos y menos calidad».
Desde la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) también se considera que el modelo debe revisarse. Su directora Desarrollo Empresarial, Leticia Bilbao, reconoció que el plan de choque está sirviendo para constatar algunos aspectos que ya se conocían, pero que ahora se ponen negro sobre blanco, como que los servicios de prevención ajenos no tienen medios suficientes y «no están muy presentes en las empresas». «Habría que pensar cómo cambiamos esta forma de trabajar, lo importante es que la prevención no quede en el cajón de los técnicos de prevención, debe estar integrada desde la producción a la dirección», afirmó, para reconocer que «hay un problema», porque además la mayoría de empresas tienen un tamaño muy pequeño y confían en una tercera para llevar a cabo esta tarea, al igual que sucede con otras. Sin embargo, «no es lo mismo que lleve las nóminas un externo a que se encargue de la seguridad y la salud de las personas», expresó.
Por otro lado, sobre el resto de ejes del plan de choque, Sánchez señaló que ya se ha aumentado la vigilancia y se están realizando visitas a empresas que han sufrido accidentes graves o mortales en los últimos dos años o con alta siniestralidad. Se han visitado 52 y se han emitido tres informes negativos por la no subsanación de medidas preventivas tras siniestros de consideración.
También se han enviado cartas de advertencia a las compañías que tengan una incidencia que supere en un 50% a la media del sector, «e incluso se mandarán más». De momento, van 96 y se llegará hasta 156 con el objetivo de que «se tome nota». Y se están revisando accidentes leves que, por su casuística, «merecen una investigación a fondo». En este caso se han iniciado actuaciones en 77 casos.
Por otro lado, el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales ya trabaja con la Universidad de Oviedo para realizar un estudio que permita «deducir algún patrón» en los periodos de alta siniestralidad, como el sufrido por la región durante aquellas semanas de final del verano e inicio del otoño que dispararon las víctimas –6 en 40 días–. No obstante, en el cómputo del año, como señaló el consejero, la cifra de fallecidos es muy similar a la de 2023. Entonces hubo 16 y, en la actualidad, se contabilizan 15.
Otro aspecto que destacó tanto Sánchez como los sindicatos es la necesidad de incorporar personal del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, una cuestión que está en marcha, pero que Sánchez asoció también a que el Principado pueda contar con presupuestos, ya que la aprobación de las cuentas «permite hacer refuerzos como este». Además, también valoró la cogobernanza que se da en la comunidad en materia de siniestralidad y destacó su encaje en el diálogo social.
Desde los sindicatos valoraron el esfuerzo que se está realizando en este plan de respuesta urgente, aunque también se subrayó la necesidad de ver si es efectivo. «Se está trabajando y se nota el esfuerzo que se está realizando», declaró el responsable de Salud Laboral de CC OO, Gerardo L. Argüelles, que insistió en que tanto las empresas como los trabajadores deben ver que aquellos que tienen la labor de vigilar están en la calle. «Las empresas que cumplan con la prevención y la protección de sus trabajadores lo agradecerán y las que no serán sancionadas», a la vez que «salvaremos vidas», aseguró. También en UGT reconocieron los avances que implica este plan, al igual que en Fade.
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