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Las medidas que han trascendido del Plan de Acción para el Acero y los Metales que la Comisión Europea presentará hoy han generado cierta decepción ... en la siderurgia, que no ve ni la concreción ni la urgencia que demandaba para salvar su industria en los borradores que se han ido avanzando. Fuentes del sector reconocen que aguardan hoy el texto oficial con «escasa confianza», tras considerar que hay buena intención e ideas, pero «poco fuelle» en propuestas que, en muchos casos, pasan por la ambición de los gobiernos de turno de cada país; que plantean cifras gruesas de ayudas, sin concretar el cómo o el para qué; o que trasladan a final de año o al que viene las decisiones finales.
El Ejecutivo comunitario reconoce que, en el contexto actual, las inversiones previstas en numerosas factorías siderúrgicas pueden no ser viables por sus altos costes y la falta de demanda de acero que, aunque tenga una menor huella de carbono, es mucho más caro. En este sentido, destaca la necesidad de apoyo público y privado para crear un mercado del acero verde y «para garantizar la transición, impulsar la competitividad y asegurar la resiliencia de la cadena de valor» con inversiones en descarbonización. Ahí entrarán programas de ayudas como los 100.000 millones ya anunciados en el Pacto para una Industria Limpia, que se articularán mediante un Banco de Descarbonización Industrial basado a su vez en el Fondo de Innovación, e ingresos adicionales procedentes del mercado de derechos de emisión, así como de la revisión del programa InvestEU. Este anuncio ya se realizó en febrero y fue acogido con cierta frialdad, al no concretarse su desarrollo.
Recuerda el Ejecutivo que, entre octubre de 2022 y febrero de 2025, aprobó cerca de 9.000 millones de euros en ayudas estatales para diez proyectos individuales de descarbonización del acero. Entre ellos estarían los 460 a los que dio luz verde para Asturias en febrero de 2023 –el Consejo de Ministros los dejó después en 450–. Además, pone como ejemplos algunos esquemas de apoyo que también incluían la siderurgia, como 1.100 millones para dos programas eslovacos, 550 para Italia, un plan austriaco por 2.700 millones o los más altos, los 3.000 de Francia y los 4.000 de Alemania. Sin embargo, la industria del acero lleva avisando meses, incluso años, de que no son suficientes y que la rentabilidad que exigen sus accionistas está fuera de Europa. De hecho, todos los planes que pasan por sustituir los hornos altos por plantas de reducción directa del mineral de hierro (DRI) en el continente están bloqueados.
El borrador recoge cifras del sector que estiman en 5.200 millones de euros las necesidades anuales en gastos de capital y 9.000 para gastos operativos hasta 2030.
Mientras, la Comisión espera que el Fondo de Investigación del Carbón y el Acero proporcione «una importante financiación» a la siderurgia, aunque solo habla de movilizar 150 millones en 2025 y 2026, y se compromete también a apoyar proyectos concretos a través de la Ley de Materias Primas Críticas y a abordar una simplificación regulatoria, pero tampoco detalla cómo.
Garantizar el acceso a una energía limpia y asequible. Promueve la reducción de impuestos por parte de los Estados, ayudas del BEI, contratos por diferencia o elevar las compensaciones por el CO2 indirecto.
Prevención de fuga de carbono. Modifica el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) para ampliarlo a derivados, se protegerán las exportaciones y se vigilará la elusión.
Promoción y protección de las capacidades europeas. Revisión de las medidas de salvaguarda comercial, introducción de la norma de 'fundido y vertido' y fortalecimiento de la vigilancia de los flujos comerciales.
Promover la circularidad de los metales. Estimular la demanda de materiales reciclados, establecer obligaciones de contenido reciclado y garantizar una disponibilidad suficiente de chatarra.
Defensa de los empleos industriales de calidad. El Observatorio Europeo de una Transición Justa supervisará el impacto de la transición en el empleo.
Reducción de riesgos en los proyectos de descarbonización. Fortalecer la demanda de productos limpios fabricados en la UE, más ayudas a los proyectos y a la investigación y simplificación regulatoria.
Trabajo conjunto en la implementación de una transición justa. Diálogo constante entre la industria, los sindicatos y otras partes interesadas.
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