La SEPI ultima contra reloj el apoyo financiero solicitado por Isastur e Imasa

La Comisión Europea no está por la labor de aumentar el plazo concedido al Gobierno de España para otorgar ayudas excepcionales a empresas afectadas severamente por las consecuencias de la pandemia. A pesar de que el Ejecutivo ha reclamado una nueva prórroga, desde Bruselas no hay intención de extender este periodo, que finaliza el 30 de junio. Será casi dos años después de que se aprobara por el Consejo de Ministros un fondo de 10.000 millones de euros llamado a apoyar de forma temporal a compañías estratégicas cuyo negocio se hubiera visto muy resentido por la covid, pero con posibilidades de supervivencia. Sin embargo, 22 meses después de esa luz verde, el análisis exhaustivo de las solicitudes, los cambios que se exigen en los planes de viabilidad y las negociaciones paralelas que se realizan con los acreedores han atascado la mayoría de peticiones, de forma que una treintena siguen sin respuesta, entre ellas dos asturianas, las de Imasa e Isastur, que han pedido cada una 25 millones de euros, el mínimo que estipula esta herramienta. Ahora se actúa contra reloj para intentar desatascar todos los expedientes posibles.

Fuentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales reconocen que están trabajando con la fecha tope del 30 de junio. El problema es que queda menos de mes y medio para que venza el plazo y cuestiones como la aprobación final por el consejo gestor de este organismo público y su paso al Consejo de Ministros requieren de algunos días más, por lo que el calendario es aún más ajustado. De ahí que se dé por sentado que algunas de las solicitudes quedarán, finalmente, sin resolver.

En el caso de las asturianas, según ha podido saber este periódico, siguen en fase de análisis, pero las negociaciones están muy avanzadas y se espera que sí puedan salir adelante en las próximas semanas. De hecho, una ampliación del plazo no sería positiva para estas compañías, que por su negocio, el de las ingenierías, se encuentran ante un escenario muy positivo para el mercado y con grandes posibilidades de ampliar su cartera de proyectos, dado el 'boom' que hay en sectores como el de las renovables y la transición energética. Se trata, sin embargo, de un ámbito que requiere de importantes avales y músculo financiero, de ahí que sea importante que el apoyo estatal llegue pronto para aprovechar esta oportunidad. Urge esa inyección económica para recuperar la normalidad, sobre todo porque la respuesta se está demorando mucho más de lo previsto.

La propia normativa del fondo, precisamente para que no perdiera ese carácter de apoyo ante los efectos de la covid, estipulaba un plazo máximo de seis meses para las resoluciones. Sin embargo, este periodo se está extendiendo en todos los casos y ya se da por normal. Argumenta la SEPI que no se trata de días naturales y que, cuando se solicitan modificaciones y aclaraciones, el plazo queda en pausa. En el caso de Duro Felguera, fueron apenas unos días y se aclaró esa prórroga, pero ahora ya se da por descontado que el proceso requiere de más tiempo. Por ello, el Ejecutivo reclamaba esa prórroga a la Comisión Europea, de cuatro meses, pero incluso con la intención de lograr otra hasta fin de año.

El problema es que la dilatación de los análisis está poniendo en jaque la viabilidad de algunas compañías, que necesitaban con urgencia ese apoyo económico y que ahora se encuentran en una situación más compleja que hace unos meses a causa de esos retrasos.

Una de las compañías que sigue a la espera es el grupo Celsa, propietario de la asturiana Trefilería de Moreda. Su expediente es tremendamente complejo, por la situación del grupo y la cuantía del rescate, el mayor hasta ahora, al alcanzar los 550 millones de euros. Aunque los técnicos de la SEPI le dieron ya el visto bueno preliminar en marzo, falta la luz verde del consejo gestor del fondo y la compañía debe aún ponerse de acuerdo con sus acreedores, pero además, por la suma de ese apoyo, será necesario que pase el examen de la Comisión Europea.

La SEPI solo ha concedido 2.191 millones, un 41,25% del total de los 5.310,5 millones solicitados y alrededor del 22% de la cuantía con la que fue dotado el fondo. Quedaría, por tanto, un 78% sin otorgar. Durante este proceso cerró los expedientes de compañías «no elegibles» por 444,7 millones de euros.

Pero además de este mecanismo dependiente de la SEPI también se encuentra en una situación similar el Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por la Covid-19 de Cofides, dotado con 1.000 millones de euros.