Sánchez envuelve su plan anticrisis en un discurso contra los «poderes» económicos

La estrategia para dejar atrás el pésimo resultado obtenido en la elecciones del pasado domingo en Andalucía no pasaba solo por acelerar la aprobación del segundo plan anticrisis, ni por hacerlo más ambicioso en contenido y extensión. Pedro Sánchez ha decidido abrazar también un nuevo discurso, parecido al que mantuvo cuando fue defenestrado como secretario general del PSOE en octubre de 2016, y aprovechó la presentación en el palacio de la Moncloa del nuevo real decreto ley contra la inflación, aprobado este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario, para erigirse en el defensor de la clase media y trabajadora frente a los «poderes económicos».

La traslación de sus palabras a hechos prácticos puede tener algunos peros para sus socios pero implica también cesiones evidentes. Las presiones tanto de Unidas Podemos como de algunos de sus principales aliados parlamentarios para gravar ya, antes de que acabe el año, los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas ha hecho finalmente mella en el ala socialista del Ejecutivo, como ya apuntaban las palabras pronunciadas por el propio presidente el viernes desde Bruselas, cuando advirtió de que no daría satisfacción a quienes pretenden perpetuar sus «privilegios».

No va en el plan anticrisis porque, como ya había advertido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la jurisprudencia es clara a la hora de vetar la figura del real decreto ley para una iniciativa de esa naturaleza, pero el Gobierno sí tiene intención de aprobar un nuevo tributo que, según Sánchez, debería servir para que las grandes energéticas financien algunas de las medidas puestas en marcha para amortiguar el alza de los precios y que costarán al Estado, hasta finales de 2022, 15.000 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo apuntó en su comparecencia a que ese impuesto entraría en vigor ya el 1 de enero 2023, lo que eximiría de pagar por lo obtenido ese 2022. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda matizaron poco después que la idea es que poner el devengo en el 31 de diciembre de 2022, lo que significa que, aunque se empiece a recaudar a partir de 2023 sí afectará al ejercicio en curso. «Este Gobierno siempre pondrá el interés general por encima de intereses egoístas», glosó Sánchez tras presentarse, de nuevo, como blanco de los «golpes» de determinados sectores que desean perpetuar sus privilegios.

La negociación en el seno del Gobierno no ha sido ningún camino de rosas y, una vez más, se llegó a las puertas de la reunión del Consejo de Ministros con varios asuntos abiertos tras horas de tensas reuniones. Pero los socialistas también acabaron cediendo, aunque con matices, a la creación de un cheque para los más vulnerables. Será de 200 euros y no de 300, como pretendían, y, según apuntó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su cuenta de Twitter, será accesible para familias con ingresos inferiores a 14.000 euros, no a 30.000, como era su propósito. Hasta el mismo viernes, no obstante, en el PSOE ponían en cuestión incluso que fuera a a aprobarse.

Los morados también se apuntan el tanto de una reducción en el precio del transporte público que será del 50% para los medios de titularidad estatal (por ejemplo, cercanía) y del 30%, por debajo de lo que defendían, para los autonómicos o municipales. Esta medida, además, no entrará en vigor de inmediato sino en septiembre.

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