Rosell defiende la unanimidad de la CEOE en el pacto de la negociación colectiva

Como explicó a este periódico el líder de los empresarios asturianos, miembro de la ejecutiva de la patronal nacional, no acudió a la reunión en la que se le dio el visto bueno al acuerdo, debido a que fue cambiada de fecha y tampoco estaba en el orden del día una decisión de ese calado. Si hubiera sido así, señaló, hubiera anulado los compromisos que tenía de antemano para asistir y mostrar su oposición al texto.

Pese a estas críticas, el presidente de la CEOE considera que la subida pactada del 3% y lograr un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales en 2020 están en un «punto intermedio» respecto a lo que pedían ambas partes.

Destaca también que el AENC contiene una serie de puntos de consenso que proponen al Ejecutivo para su regulación, como es el caso del «absentismo profesional», que la patronal considera parte de la economía sumergida y ve necesario combatir. En este sentido, Rosell propone una «prueba piloto» en una provincia o sector, dando más armas a las mutuas a la hora de dar altas médicas, para ver si hay una reducción de costes y una mayor eficiencia, al tiempo que se «aprietan las clavijas (a los absentistas profesionales) para que no sigan riéndose del sistema».

«Con la economía sumergida estamos más que radicalmente en contra todos», señala Rosell, incluyendo dentro de ella «las malas artes, malos usos o el aprovechamiento» que han hecho de la ley algunas empresas multiservicios.

Otro de los puntos del AENC que la patronal quiere que salga adelante es la posibilidad de que en momentos de crisis las empresas apliquen reducciones de jornada y de salario, compensadas con un subsidio pagado por los servicios públicos de empleo, que no supondría el consumo del paro y a cambio del cual el trabajador se formaría.

Por otro lado, advierte de que la eliminación de la base máxima de cotización a la Seguridad Social afectará a 1,4 millones de trabajadores, a los que cree que habría que preguntar qué les parece una medida que repercutirá directamente en sus salarios. En Asturias, afectaría negativamente a unas 23.700 personas, que son las que declaran rentas de trabajo superiores a los 45.000 euros.