Solo días. Es lo que le resta a Rodrigo Rato, quien llegó a ser el segundo hombre más importante del Gobierno –vicepresidente económico con José María Aznar– y se quedó a un paso de liderar al PP, para ingresar en prisión por sus ... excesos como financiero al frente de Caja Madrid primero y luego Bankia. Lo hará de manera previsible a mediados de la semana próxima, una vez sea citado por la Audiencia Nacional para cumplir su condena por el caso de las llamadas tarjetas 'black'.
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En total, cuatro años y medio de cárcel que el Tribunal Supremo confirmó ayer en un fallo que respalda en casi todos sus extremos la sentencia de febrero de 2017. Es la pena más alta para los 63 condenados –con Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid antes que Rato, se declaró firme tras su fallecimiento en julio de ese año–, mientras que la mínima se mantiene en cuatro meses. De todos ellos 15 son castigados con más de dos años –la frontera que suelen tomar los jueces para decidir un encarcelamiento si no hay antecedentes penales–, por lo que correrían la misma suerte que el expolítico, también investigado en otro caso por irregularidades fiscales y patrimoniales .
Entre ellos destaca Estanislao Rodríguez Ponga (tres años y dos meses), quien fuera secretario de Estado de Hacienda con los gobiernos del PP antes de ser consejero de Caja Madrid. También figuran los exsindicalistas Francisco Baquero (tres años y dos meses), Rodolfo Benito (tres años) y Gonzalo Martín Pascual (tres años), además de dos exresponsables regionales de PSOE e IU, Antonio Romero (tres años y dos meses) y José Antonio Moral Santín (cuatro años), respectivamente.
Aunque el delito cometido es igual en todos –apropiación indebida continuada, en él que incurrían con «cada utilización» de ese dinero de plástico–, los magistrados han valorado también quienes gastaron más, el cargo que ejercían en la entidad (consejeros o directivos) y su grado de responsabilidad, pues a la mayoría se les ve «cooperadores necesarios» de un «plan» puesto en marcha hace 30 años y que supuso el despilfarro de 15,5 millones de euros procedentes de las arcas de Caja Madrid y Bankia entre 1996 y 2012.
A Rato se le imputa directamente «mantener conscientemente, e incluso ampliar a otras personas» un modelo de tarjetas VISA de funcionamiento «opaco», fuera de las retribuciones pactadas y/o autorizadas y que «tampoco aparecían» en las declaraciones de impuestos. Gracias a ello gastaron «sin justificación alguna» en compras de joyas, viajes, supermercados, arte sacro e incluso lencería, además de realizar importantes retiradas de metálico en cajeros.
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No obstante, la suma para indemnizar a ambas entidades financieras se reduce a doce millones al haber prescrito parte del período. Con el patrimonio de Blesa ya embargado (más de tres millones en inmuebles y, aparte, otros bienes) para abonar la fianza civil solidaria de 9,3 millones por lo despilfarrado con las 'black' en su mandato, ahora tocar hacer lo mismo con el resto de condenados. Así, Rato debería cubrir 2,6 millones junto a los acusados de su etapa.
El dinero se les exigirá al tiempo que se les notifique su ingreso en prisión, algo que hará en pocos días la Audiencia Nacional como tribunal sentenciador aunque les dejará escoger la cárcel. Al ser inferior su pena a cinco años no es preciso que cumplan al menos la mitad para acceder más adelante al tercer grado penitenciario (régimen de semilibertad), aunque sí haber satisfecho la responsabilidad civil. Sin embargo, hasta el momento solo han devuelto 1,8 millones de los 12 millones requeridos.
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Aunque recurrieran al Tribunal Constitucional en amparo, no es preceptivo que éste decrete la suspensión de su ingreso en prisión. Tampoco la opción de un hipotético indulto entra en lo probable. En cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción se opondrá a todo intento por retrasar que cumplan su pena.
Para ello toma en cuenta, además, que la mitad –35 personas con el propio Rato a la cabeza, incluidas tres jurídicas: Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte– se sentarán en el banquillo de la Audiencia desde el 26 de noviembre por la polémica salida a Bolsa del banco en julio de 2011. Están acusados de falsear las cuentas anuales y engañar a los inversores.
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«Un sistema pervertido en su origen y en su traslado a la práctica»
Un sistema que cuando se estableció en 1988 «estaba pervertido en su origen y en su traslado a la práctica». Así definen los magistrados del Tribunal Supremo el modelo de las tarjetas 'black' para uso del presidente y miembros de algunos de los órganos directivos de Caja Madrid y Bankia, incluido su consejo de administración.
Ni tenían reflejo en los contratos ni formaban parte de las dietas, eran –subrayan los magistrados en su resolución de 456 páginas– un medio con el que «disponer a su antojo del dinero» de ambas entidades «para sus atenciones personales o cualquier otro fin que ellos mismos establecieran». No había más control, apuntan, que «los límites mensuales o anuales ya establecidos».
Eso sí, advierten también de que «los receptores de las tarjetas no tenían obligación de utilizarla» –Francisco Verdú, ex consejero delegado de Bankia, se negó y advirtió al presidente, Rodrigo Rato, de que era una «mala praxis»–, de modo que si lo hacían «ello implicaba que aceptaban la participación en el plan que se les ofrecía». «No es posible –reprochan a los recursos de varios condenados– aceptar que estaban actuando conforme a la ley al disponer de esa forma de dinero para cualquier tipo de gasto sin control de ninguna clase ni reflejo fiscal».
Para el alto tribunal estamos ante un sistema «en aquella época fuera de la ley», sin apoyo normativo o estatutario, y «actuando como si fueran dueños del dinero a costa del patrimonio de la entidad». De Rato dice que «se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás». «Ninguna persona con una formación mínima –insiste en su censura a los condenados– , lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable que unas percepciones con tal grado de ocultación u opacidad» pudieran estar «justificadas».
La única concesión del Supremo es rebajar solo en parte la pena de una treintena de acusados por devolver lo gastado con las 'black' y, sobre todo, reducirla a la mitad para Ildefonso Sánchez Barcoj, ex alto cargo de Caja Madrid, al condenarle por un solo delito continuado de apropiación indebida y no dos. Y sobre la validez de los archivos Excel con los gastos de las tarjetas, declara «legítimo» su uso al no detallar el «empleo particular» de cada uno.
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