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Noelia A. erausquin
GIJÓN.
Domingo, 1 de diciembre 2019, 03:31
El sector del acero europeo vive de sobresalto en sobresalto, auténticos terremotos provocados por los cambios en las estrategias de los mayores productores siderúrgicos del continente, que intentan afianzar su mercado y en estos momentos, sobre todo, protegerlo de la crisis provocada por la ... desaceleración económica, los altos costes y la elevada competencia del acero barato procedente de países extracomunitarios, que no tiene que hacer frente a los derechos de emisión de CO2 ni a una normativa laboral más estricta. En este complicado tablero prácticamente todos los actores están moviendo sus piezas, aunque no siempre con éxito y con fracasos sonados, como el intento de fusión de las divisiones del acero de Tata y Thyssen con la que se pretendía crear el segundo productor europeo. La compra de Ilva por parte de Arcelor también tiene visos de terminar en el lado de los fiascos. Estos gigantes siderúrgicos son los protagonistas de un juego en el que entran, además, nuevos actores, como Liberty House, Jingye o Ataer Holdings. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Desde la creación de ArcelorMittal en 2006, tras la fusión Mittal Steel y Arcelor, no se había vivido una revolución de esta magnitud, operaciones que de momento no afectan directamente a las plantas asturianas, pero que en un mercado global como el actual sí repercuten en el Principado.
ArcelorMittal, el principal productor del mundo y de Europa, abrió la veda con una maniobra muy agresiva. El Gobierno italiano se hizo en 2015 con la gestión de la factoría de Ilva en Tarento, tras requisársela a la familia Riva, acusada de corrupción y de graves delitos medioambientales. Después de ser gestionada por una administración extraordinaria, el Ejecutivo la sacó a concurso y el consorcio AM Investco, liderado por Arcelor, se hizo con su adjudicación. A cambio se comprometió a invertir 2.300 millones de euros en Tarento, 1.200 en un plan industrial y 1.100 para mejoras ambientales.
Sin embargo, la adquisición no estaba cerrada. Las autoridades antimonopolio de la Unión Europea exigieron a Arcelor que se deshiciera de activos importantes para no reducir la competencia. Este requerimiento le salió caro a la multinacional que dirige Lakshmi Mittal, que tuvo que desprenderse de sus plantas de Ostrava (República Checa), Galati (Rumanía), Skopje (Macedonia), Piombino (Italia), Dudelange (Luxemburgo) y diversas líneas de Lieja (Bélgica). La UE le instó a que no se vendieran por separado y fueran a un único grupo para equilibrar fuerzas en el sector y aumentar la competencia, y la multinacional las vendió por 740 millones de euros a Liberty House. Este conglomerado de origen indio operaba básicamente en Reino Unido, aunque desde ese momento se ha hecho con más instalaciones europeas, como la mayor planta de aluminio del mercado comunitario, situada en Dunkerque (Francia). Incluso sonó para adquirir la factoría de Alcoa de Avilés.
Con la compra a Arcelor, de golpe, este grupo, liderado por el angloindio Sanjeev Gupta, se situaba como el tercer productor europeo y desplazaba a Tata en esta clasificación. Arcelor, a cambio, sacrificaba algunas de sus piezas por lograr la mayor planta siderúrgica de Europa, una reina en horas bajas y con muchas necesidades de inversión.
La operación, sin embargo, no ha salido como quería. Una mezcla de factores ha llevado a la multinacional a rechazar la compra de la planta, que gestiona en régimen de alquiler desde noviembre del año pasado y cuya adquisición estaba previsto que se materializara en 2021. La retirada de la inmunidad ambiental para acometer su plan industrial fue la justificación que dio, pero detrás puede haber otros argumentos, como la situación de crisis que ahora vive el mercado -en nada se parece a la de hace un año y Arcelor tiene recortes en toda Europa, entre ellos en Asturias- o que la compañía no midió exactamente lo que suponía la adquisición, tanto desde el punto de vista económico como social.
La factoría está ubicada en un territorio con una idiosincrasia muy particular, con enormes problemas laborales, una plantilla sobredimensionada -sobre todo en el caso de las auxiliares- y tiene el rechazo de gran parte de la sociedad, ya que se la acusa de provocar elevadas tasas de cáncer y de problemas de salud en la zona, dado que ha venido incumpliendo reiteradamente la normativa ambiental. De hecho, el viernes, miles de personas se manifestaron en Tarento exigiendo el cierre de la planta y una limpieza completa en el sitio.
No está todo dicho. Arcelor podría quedarse con Ilva si el Gobierno italiano afloja sus condiciones -nueva inmunidad, cambio en el plan industrial y poder realizar 5.000 despidos sobre los 12.700 empleos totales que tiene que asumir-, pero las relaciones entre las partes no son las mejores y todo apunta a una dura batalla legal. El Ejecutivo ha llevado el caso a los tribunales y la Policía italiana ha incluso registrado las oficinas de la multinacional en Tarento y Milán.
Para Asturias, sería positivo que la operación fracase. Aunque la compra haya supuesto un mal negocio para Arcelor, Ilva dejaría de ser un difícil competidor dentro del grupo para ganar contratos -su mercado puede ser similar, el del sur de Europa- y acaparar inversiones, que la italiana necesita en gran cuantía para ser competitiva. De hecho, su eficiente tren de chapa ya se utilizó como amenaza para realizar ajustes en el de Gijón.
Pero no solo Arcelor se ha movido. ThyssenKrupp y Tata Steel, segundo y tercer productor de acero de Europa en aquel momento, llegaron a un acuerdo «histórico» para fusionar sus negocios siderúrgicos y crear un grupo con 48.000 trabajadores, unas ventas de aproximadamente 17.000 millones de euros y unas sinergias que se cifraron en alrededor de 5.000 millones.
La operación, sin embargo, se topó, como le pasó a Arcelor, con las autoridades antimonopolio de Bruselas. La comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, anunció que la UE vetaba la fusión para «evitar daños graves sobre la industria europea y los consumidores», ya que consideraba que hubiera reducido la competencia e incrementado los precios de algunos productos. Ante esta prohibición, Thyssen ha presentado una denuncia contra la Comisión Europea ante el Tribunal General de la UE (TUE), aunque parece complicado que prospere.
Tras la operación frustrada y en un entorno cada vez más complejo para el sector, tanto la multinacional alemana como la india han anunciado importantes recortes de personal. La nueva consejera delegada de Thyssen, Martina Merz, se estrenó anunciando que reducirá drásticamente los puestos de trabajo. Aunque no precisó la cifra, en mayo se había hablado de suprimir 6.000 empleos, 4.000 de ellos en Alemania, y un tercio del total en el sector siderúrgico. Además, con apremiantes necesidades de hacer caja, tiene previsto vender total o parcialmente su boyante negocio de ascensores, que cuenta con dos factorías en Mieres y un centro de I+D en Gijón. Por su parte, Tata Steel ha anunciado un recorte de 3.000 empleos, un millar de ellos en Reino Unido.
Y es en las islas británicas donde parece que sí va a cuajar otra importante operación. British Steel, segundo mayor productor del país y comprada en 2016 por Greybull Capital a Tata Steel, quebró en mayo dejando en el aire unos 5.000 empleos directos y a otros 20.000 indirectos, básicamente en su complejo de Scunthorpe, en el noreste de Inglaterra. Sus problemas derivaron de la falta de liquidez y sus directivos los atribuyeron al 'Brexit'. Esta factoría, cuya producción de carril compite con la gijonesa, parece que pasará ahora a manos chinas. Tras frustrarse la operación para venderla a Ataer Holdings, el fondo de pensiones del Ejército turco, la firma china Jingye ha llegado a un acuerdo con el Gobierno británico para adquirirla por 80 millones y ha anunciado que invertirá otros 1.400 durante la próxima década en la mejora de la planta y la maquinaria. La partida en el tablero europeo del acero no ha hecho más que comenzar.
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