El cierre de las centrales nucleares se retrasará, como mínimo, hasta el año 2025

Aunque no se trata de un pacto al uso, esas «horquillas temporales» fueron las que este lunes se pusieron sobre la mesa durante la reunión que mantuvo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Galán y Francisco Reynés, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Nunca antes habían mantenido un encuentro de ese nivel de forma conjunta con el Gobierno, aunque sí conversaciones a tres bandas de los responsables de ese departamento con las firmas.

El ministerio quiere un «cierre escalonado» de las plantas nucleares, en el que se negociará con las compañías propietarias «central por central», apuntan fuentes del sector presentes en el encuentro con la ministra Ribera. La primera instalación que se juega su futuro es la de Almaraz (Cáceres), controlada por Iberdrola (en un 53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%). La autorización de vida útil en vigor expira en 2023, aunque la sociedad en la que participan las tres compañías debe decidir antes del próximo 31 de marzo si solicita la ampliación de ese plazo, y hasta cuándo. Esta cuestión enfrenta a Ibedrola y Naturgy, de un lado, con Endesa, del otro. Las primeras son partidarias de una extensión de algunos años, pero nunca de llegar a los 10 que quiere Endesa. Este mismo martes estaba convocada una junta extraordinaria de los tres socios, donde deberían decidir su posición unánime, como exige la ley. Tras el acuerdo al que llegaron este lunes en la reunión en el ministerio, previsiblemente no tendrá lugar o, en cualquier caso, quedaría sin efectos prácticos.

Las tres firmas deberán pedir la extensión de la vida útil de Almaraz y será el Gobierno el que posteriormente decida hasta cuándo lo autoriza, aunque Extremadura ya puede dar por sentado que no será como mínimo hasta 2025 cuando sigan funcionando sus dos reactores. En los próximos meses llegará el caso del resto de centrales (Ascó I y II, Confrentes y Vandellós II) donde Iberdrola, Endesa y Naturgy (también EDP en el caso de Trillo) irían pidiendo la extensión de su actividad, evitando uno de los riesgos que han apuntado desde el sector con respecto al apagón nuclear: la necesidad de mantener su producción, al ser una de las energías más estables y que garantizan el suministro; en 2018 aportaron un 21,6% del total.

En ese calendario escalonado también tendrá la última palabra Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos de las centrales. Su veredicto «técnico» se ceñirá a las cuestiones puramente técnicas, pero también a las económicas que afectan al desmantelamiento de estas plantas.

Además, la reunión de este lunes sirvió para que el sector propusiera al Gobierno un cambio en la norma que les obliga a ponerse de acuerdo a la hora de solicitar el cierre de una de las instalaciones en las que comparten accionariado. Quieren que esa decisión se tome por mayoría de los socios, y no de forma unánime. Así se evitarán conflictos entre las firmas como el que han tenido desde hace varios años en torno a Almaraz.