El Consejo de Ministros dio luz verde a finales del año pasado a un paquete de ayudas para ayudar al pago de la factura eléctrica y del gas en los hogares vulnerables y con más problemas para hacer frente a estos gastos esenciales. Una de las novedades de este decreto era la inclusión de una nueva categoría de consumidores, aquellos con bajos ingresos, y que pueden beneficiarse de descuentos superiores al 25% establecido inicialmente.
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El llamado «bono de justicia energética», con carácter temporal, estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2023. El descuento en la factura de la luz será del 25% para consumidores vulnerables, aunque podría alcanzar porcentajes de hasta el 40% o el 60% en el caso de consumidores en condiciones de vulnerabilidad severa que cumplan los requisitos pedidos.
Los requisitos contemplados en el Real Decreto 897/2017 de 7 de octubre especifica que esta ayuda se le concede a aquellos consumidores que cumplan con los siguientes requisitos:
-Tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).
-El solicitante debe ser el titular del contrato de luz y tener una potencia contratada igual o inferior a 10 kW.
-La ayuda de Bono Social solo se puede pedir para residencia habitual, no están incluidas en la ayuda segundas residencias.
-La tarifa PVPC tan solo se puede contratar con alguna comercializadora de referencia.
Se puede pedir por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, o fax directamente a alguna de las comercializadoras de referencia, quienes tienen la obligación de ofrecer y financiar el bono social: Endesa Energía; Comercializadora regulada GAS & POWER; Curenergía Comercializador de Último Recurso, Baser Comercializadora de Referencia,...
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Los beneficiarios de esta ayuda también dispondrán de un periodo más amplio para pagar las facturas que el resto de clientes y no se podrá interrumpir el suministro en caso de impago a este tipo de residencias siempre y cuanto tengan a un menor de edad de 16 años o menos en el núcleo familiar o si alguno de sus miembros cuenta con una discapacidad igual o superior al 33%, acreditada previamente por la administración pública.
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