Rato se sentará en el banquillo por la publicidad de Bankia

Según han informado fuentes jurídicas, el juez requiere una fianza de 4,5 millones a cada uno de los procesados (58,7 millones en total), entre los que se encuentran, además de quienes fueran directivos de las compañías en la creación de Bankia, la secretaria personal de Rato, Teresa Arellano, y los supuestos testaferros del exministro, Alberto Portuondo y Miguel Ángel Montero.

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para el exvicepresidente del Gobierno y multa de 2,5 millones de euros por haber decidido «sacar provecho económico» para favorecer a Zenith y Publicis a cambio de comisiones por importe de dos millones de euros.

De esta cantidad, según la fiscalía anticorrupción, Rato, «con desprecio al principio de lealtad al que le obligaba su cargo», habría percibido 835.024 euros a través de Kradonara 2001, considerada epicentro de su entramado societario.

Para ello, continúa el escrito de acusación, se sirvió de «tres personas con quienes mantenía desde hacía años vínculos personales y profesionales», Arellano, Montero y el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, para los que el Ministerio Público pide tres años de prisión.

Éstos, junto a otro de los supuestos hombres del exministro, Alberto Portuondo, permitieron construir un auténtico «grupo de presión» dentro del departamento encargado de la contratación de las campañas.

Anticorrupción otorga un papel primordial en los hechos a Portuondo, para el que reclama idéntica condena que a Rato por contactar «a mediados de 2010» con los representantes de Zenith y Publicis para que ambas empresas «accedieran en condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad de que iban a orquestar».

Fue de este modo como conoció a Francisco Xabier Olazabal, Miguel Ángel Furones, Sagrario Bua y Fabrizio Bini, directivos de Publicis en aquellas fechas, así como a Sergio Lorca, Fernando Rodríguez y María Cándida Rodríguez, que también se sentarán en el banquillo y que se enfrentan a tres años de cárcel.

Todos ellos, «sabedores de las 'ventajas' que el pago de comisiones iba a generar para su empresa», aceptaron la propuesta de Portuondo, al que pagaron «cantidades completamente injustificadas y que respondían en realidad a un 'peaje'».

El 1 de febrero de 2011, Publicis firmó el contrato de publicidad con Bankia, en tanto que justo un mes más tarde Zenith hizo lo propio con la matriz, BFA, a pesar de que había «opciones más favorables económicamente», y «de espaldas» al Consejo de Administración.

Importante también, concluye la Fiscalía, el abogado Domingo Plazas, para el que solicita tres años de cárcel por tratar de dar «apariencia de legalidad a los pagos de las comisiones».