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El secretario general del PSOE gijonés y diputado en la Junta General, Monchu García, aseguró ayer no tener «ningún miedo» a una posible nacionalización de las plantas asturianas de Arcelor si finalmente la familia Mittal «no cumple los compromisos» y no ejecuta el plan verde ... anunciado para ellas, que incluye una planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI) para sustituir la función del horno alto 'A', cuya vida útil finalizará en 2026. Tras reunirse con la sección sindical de UGT-FICA de la factoría de Gijón y ser preguntado por esta posibilidad, aseguró tener claro que España tiene que producir acero y que si la familia Mittal no quiere hacerlo en Asturias, «tendrá que ser alguien». En este sentido, defendió que si se encuentra quién compre las factorías, «perfecto», pero que si esto no sucede «tendrá que ser el Estado».
García situó la responsabilidad del bloqueo del proyecto en los máximos accionistas de la multinacional, los Mittal, a los que acusó de no estar cumpliendo los acuerdos a los que llegaron, mientras que defendió que los gobiernos central y autonómico «han hecho su parte», en referencia a las ayudas de 450 millones de euros para la planta de DRI concedidas por la Administración central y los 36 otorgados la semana pasada por el Principado para la acería eléctrica y otros proyectos relacionados con la descarbonización.
Asimismo, culpó al Gobierno de José María Aznar del proceso de privatizaciones que impide ahora contar con una energética pública que pueda ofrecer mejores costes eléctricos, al contrario de lo que sucede en Francia. «Yo creo que el Estado, en las cuestiones que son estratégicas, tiene que tener presencia y desde luego a mí me da igual cuál sea la fórmula», insistió.
Estas palabras provocaron la inmediata respuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, que lamentó su «irresponsabilidad» y le acusó de «poner en riesgo inversiones millonarias esenciales para la ciudad». «Plantear una posible nacionalización de ArcelorMittal es de una torpeza extrema», censuró la concejala de Hacienda, María Mitre, que considera que crea «una inseguridad jurídica que va en contra del interés colectivo».
Previamente, García había señalado que el modelo de Gijón que busca el PSOE no es el de «ser una ciudad de bares y terrazas», como acusó de promover al Gobierno de Carmen Moriyón, sino un municipio industrial. Y recordó el peso que tiene Arcelor en el Producto Interior Bruto regional, del 12% de forma directa, pero que supera el 20% si se incluye el efecto indirecto. Anunció, asimismo, que va a pedir al grupo municipal que presente una moción encaminada a presionar a la empresa para salvar la producción de acero y pidió para esta el apoyo de todos los partidos. «Espero que nadie se ponga de perfil en una situación como esta», avisó, «puede parecer simbólico, pero creo que ahora mismo todo tiene que sumar».
Además, defendió que su partido estará en cualquier movilización que se realice en defensa de la actividad productiva, incluso si se planteara una nueva marcha de hierro. «Yo tengo botas y camino bien», avisó. Aunque aún no se está en el punto de repetir aquella histórica protesta en defensa de la siderurgia integral de hace más de 30 años, recalcó que hay que aumentar el nivel de presión y que la producción de acero es «absolutamente estratégica» para el país.
Por su parte, el secretario general de UGT-FICA en la planta de Arcelor en Gijón, José Manuel García, hizo un llamamiento a todas las organizaciones sindicales y a los partidos políticos para «hacer un frente común y defender la siderurgia en Asturias, en España y en Gijón» y recordó que, además, la plantilla se enfrenta a otros problemas, como el bloqueo de la negociación colectiva, que cree que podría desencallarse si la empresa les convocara, o la posible parada de un horno alto en el segundo trimestre, como ya contemplan los presupuestos del grupo para este año.
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