Los proyectos asturianos para el Plan Verde de la UE superan los 700 millones de euros

Que el simple anuncio de un nuevo Fondo de Transición Justa haya hecho que se pongan múltiples proyectos sobre la mesa solo evidencia la situación agónica por la que atraviesan las comarcas mineras. Tal y como confirmó el Gobierno regional el pasado jueves, ya superan el medio centenar. Muchos de ellos no son nuevos, simplemente buscan un asidero al que aferrarse. Poco importa que ese montante económico proceda finalmente de los fondos mineros o de la Comisión Europea siempre y cuando sirvan para reactivar las zonas más deprimidas. Las últimas estimaciones facilitadas confirman que la suma de todos ellos supondrían un desembolso que rondaría los 750 millones. Dicho de otra forma, más del doble de la dotación total para España del nuevo fondo verde que, a día de hoy, se ha establecido en 307 millones. Bien es cierto que a dicha cantidad se le añadirían los procedentes de los Fondos Feder y el Fondo Social Europeo llegando a los 1.397 millones. Eso sí, siempre sin perder de vista que son cantidades globales que el gobierno español deberá gestionar para el conjunto de las comarcas con proyectos de transición energética, no únicamente los asturianos.

«Son proyectos vivos, con empresas detrás, y cuando surge uno se incorpora a la cartera», aseguró la directora general de Energía, Minería y Reactivación en una entrevista concedida a este periódico. Cuando se intenta poner nombre y apellidos a buena parte de ellos, impera la cautela y confidencialidad, a la espera de recibir el visto bueno o caerse de la carrera. El consejero de Industria, Enrique Fernández, sí avanzó el pasado jueves que se están clasificando en dos grandes grupos: los directamente relacionados con la transición energética y la generación de energías limpias y, por otra parte, los implicados en la restauración de explotaciones mineras y la reutilización de los espacios que dejan las térmicas con solicitud de cierre.

Otros sí bajan al detalle. Desde SOMA-Fitag-UGT apuntan a varios proyectos que podrían enmarcarse dentro del nuevo marco europeo: la posibilidad de reutilizar la infraestructura de las minas para hacer un centro de procesamiento de datos pionero en el mundo o, tras el simulacro del Pozo Santiago en Caborana del pasado noviembre, se propone la puesta en marcha de una instalación del Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates, entre otros. «La transición energética no se resolverá pasado mañana, pero si no somos capaces a acertar con el diagnóstico y preparar bien la estrategia, fracasaremos», subraya José Luis Alperi, secretario general de este sindicato. Al medio centenar de candidatos que ya se cuentan, y los que falten por sumarse, les queda aún un largo camino hasta recibir el visto bueno de Bruselas. Más aún para la inyección económica, puesto que va vinculada al presupuesto que la Comisión Europea prepara para el periodo 2021-2027. Una negociación que se presenta espinosa y donde el Mecanismo de Transición Justa es una partida más. Pero incluso esta ha sido cuestionada por los países más perjudicados por los criterios de asignación aplicados, España entre ellos. De hecho, desde el Ministerio de Transición Ecológica se confía en remontar los 307 millones anunciados para el nuevo fondo.

Con todo, y para que no pille a nadie con el pie cambiado, el Gobierno regional ha optado por comenzar a adelantar los futuros trámites necesarios para la recepción de ayudas. El último Consejo de Gobierno aprobó la constitución de un grupo de trabajo en el que están implicadas varias consejerías y que evaluará los proyectos y su posible encaje en el Plan Verde. En principio se baraja compartimentarlos imitando el modelo establecido para los Convenios de Transición Justa. Es decir: biomasa plus, movilidad eléctrica, movilidad con gas, almacenamiento energético, recuperación de calores residuales industriales, y la mejora y reactivación energética. El siguiente encaje lo establecerá el propio Ministerio de Transición Ecológica puesto que, tal y como se mandata desde la Comisión Europa, deberá preparar un plan que priorice los territorios más afectados. En una última instancia, ya en Europa, apunta a otros tres factores: la magnitud del reto, el compromiso con el empleo y el nivel de desarrollo económico de cada zona en cuestión.