El proyecto de ley para liquidar Fundación Metal se aprueba con informes negativos de Hacienda

A través de este proyecto de ley, que consta tan solo de dos artículos y una disposición final, se autoriza una subvención directa de 3,2 millones de euros para que «el Principado pueda asumir su aportación al proceso de liquidación». Así, el Gobierno regional se hace cargo del 89,3% de la deuda que acumula la Fundación Metal. Sin embargo, la participación del Principado dentro del patronato que gestiona la entidad es del 27,27%.

Esa es, precisamente, una de las cuestiones que no convencen a los técnicos de la Consejería de Hacienda, que tampoco ven con buenos ojos que no se ofrezcan explicaciones sobre cómo va a encajar esta subvención en los presupuestos del Principado. «No podemos aprobar bajo ningún concepto un texto legal apresurado, que calificaría de bodrio y que lleva pegados como lapas dos informes desfavorables, algo inaudito», señaló el diputado del PP Álvaro Queipo. «Esta Fundación falsamente privada, que ha recibido decenas de millones del Principado, se organizó como un cortijo, para esquivar cualquier control. Y ahora quieren trasladar al Parlamento la responsabilidad de este desastre», reprobó.

Del patronato de la Fundación forman parte, además del Principado, los ayuntamientos de Gijón y Avilés, UGT y CC OO. La Federación de Empresarios del Metal (Femetal) abandonó la entidad al considerar que ya era necesario un nuevo modelo de formación y cualificación dentro del sector. Una decisión que acabó de rematar este organismo nacido en 2003 para favorecer el empleo entre las empresas del metal.

«Se ha hecho todo lo posible para mantener la actividad de la Fundación, pero no hemos encontrado las fórmulas adecuadas para solucionar sus graves problemas financieros», expuso el consejero de Industria, que defendió su proyecto de ley como una forma «ordenada y ágil» de resolver las deudas pendientes con trabajadores y proveedores, que llevan esperando a cobrar más de 17 meses. Para el PP, «se nos chantajea con la difícil situación de los trabajadores». Para IU o Podemos, en cambio, es razón más que suficiente para «resolver cuanto antes» esta situación.

«Quieren que solucionemos las negligencias del gobierno, no los problemas de los asturianos», reprochó Vox, que tiró de ironía para referirse «a la soledad del consejero en este asunto; me despierta ternura». Ciudadanos, por su parte, exigió una auditoría externa de lo que considera «un chiringuito» más. Foro acusó al Principado de «mentir» y «barra libre de euros». Y Armando Fernández Bartolomé, del Grupo Mixto, se mostró partidario de que en este proceso «cada uno aguante su vela».

Finalmente, el proyecto de ley salió adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU. En contra votaron PP, Ciudadanos y el diputado forista Pedro Leal. El rsto de grupos parlamentarios optó por la abstención. Los trabajadores ya han empezado a cobrar lo que se les debe -aunque «no todos ni todo»- gracias a la aportación del Ayuntamiento gijonés. Aún faltan por liquidar finiquitos e intereses de demora.