Más de dos años y medio después de haber anunciado su plan de descarbonización para las plantas asturianas, Arcelor sigue sin despejar la incógnita de si acometerá la planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI). Las reticencias de la multinacional inquietan al Principado ... y los agentes sociales, que este jueves se reunieron -encabezados por el presidente Adrián Barbón- para abordar un asunto crucial para el futuro de la siderurgia integral en Asturias y, por tanto, en España, y formar un frente común para defenderla. La prioridad, en palabras de la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, es que «el Ministerio de Industria arranque una decisión al empresario, a Mittal, para saber en qué escenario nos estamos moviendo».
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El Principado y el departamento que dirige el ministro Jordi Hereu mantienen un diálogo permanente para «poner las condiciones que sean legales y viables encima de la mesa y que la empresa tome una decisión» sobre la ayuda de 450 millones de euros concedida por el Ejecutivo para materializar la planta de DRI. Dado el tiempo transcurrido desde el anuncio del plan verde para Asturias y los avances realizados en otras instalaciones similares que se ubicarán en otras plantas europeas del grupo siderúrgico, Roqueñí recalcó que «esto no se puede posponer eternamente», por lo que habrá que fijar un plazo que sea definido «más pronto que tarde». Sobre las opciones que habría si Arcelor decidiera no llevar a cabo esta inversión -para sustituir a un horno alto y un sínter-, la consejera que «esas vías no están abiertas, el único diálogo que hay con la empresa es sobre la ayuda de 450 millones» para construir la planta de DRI. En este sentido, recordó que es la mayor subvención, «en porcentaje, de las que han anunciado en Europa», a la que se unen a los 36 millones recientemente otorgados por el Gobierno asturiano para favorecer su descarbonización.
Por su parte, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, volvió a incidir en la importancia de resolver un de los mayores escollos «para que la empresa desarrolle este proyectos y es que disponga de energía eléctrica de forma estable y a un precio competitivo». Un tema que es necesario abordar, añadió, no solo para Arcelor, sino también para «otra mucha industria asturiana», de manera que no estén en inferioridad de condiciones con la situada en otros países. «El primer paso es que Arcelor tenga las mismas condiciones que el resto y así es como solventaríamos la primera de las incógnitas y, a partir de ahí, pues se podrá exigir a la empresa», señaló.
Asimismo, indicó que es imprescindible disponer de otras fuentes de energía mientras no llegue el hidrógeno a un precio competitivo, ya que se trata de una tecnología nueva que necesita de tiempo para su maduración. Sobre la posibilidad de acometer la nacionalización de la compañía para asegurar la continuidad de un sector estratégico para el país, la presidenta de Fade consideró que «no es la solución», sino que la clave está en resultar una región y un país atractivos para realizar inversiones que garanticen el mantenimiento de la actividad. Tras la reunión mantenida con Barbón y Roqueñí, Calvo aseguró que se habían mostrado «receptivos» a las peticiones de la patronal asturiana y habían trasladado el compromiso del Principado y del Gobierno de España por mantener la siderurgia.
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Para el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, es vital que las inversiones que aseguran el futuro de la siderurgia se lleven a cabo «con o sin la familia Mittal al frente». Afeó que los propietarios de Arcelor tengan a la región «en un juego del gato y el ratón, en una especie de chantaje» con argumentos «falsos», como el coste de la energía. «Es oportunismo puro y duro y lo que toca es cumplir lo comprometido y, si no está dispuesta a hacerlo, que lo diga abiertamente», de manera que el Estado pueda adoptar «las medidas necesarias» para mantener una industria estratégica, incluida la nacionalización.
Manzano habló de formar un frente común en defensa del sector, al igual que su homólogo en UGT-FICA, Jenaro Martínez, quien también incidió en que esas inversiones tienen que materializarse. En caso contrario, «hay que articular los mecanismos necesarios para que la siderurgia integral permanezca en Asturias, de una u otra manera, si Arcelor decide no efectuar la inversión de la planta de DRI» prometida en julio de 2021. Para ello, instó a acelerar la nueva Ley de Industria para que incluya herramientas que «protegan a los sectores estratégicos».
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