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«Nuestra prioridad será consolidar los tres pilares de la sociedad del conocimiento -investigación, innovación y formación- en Asturias y su conexión con la creación ... de empresas y de empleo, es decir, de valor y riqueza». El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, presentó ayer los ejes de su departamento para esta legislatura en la Junta General, entre los que destacó el giro que se va a dar a las políticas de empleo con acciones dirigidas tanto a mejorar la inserción laboral de la población activa como a la constitución y atracción de empresas.
Para ello, el Principado transformará el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), de forma que se adapte al marco establecido por las nuevas leyes orgánicas de Empleo y de Integración de la Formación Profesional. «Necesitamos que el Sepepa sea punta de lanza en orientación y en intermediación entre demandantes de empleo y empresas», apuntó. En este sentido, Sánchez indicó que será imprescindible «repensar su estructura, reforzando el apoyo a su gestión, la asistencia jurídica y la comunicación», así como digitalizar procesos que faciliten, por ejemplo, el acceso a las ofertas de empleo desde cualquier lugar del mundo. «Necesitamos resumir en 20 o 30 perfiles a los 54.000 parados para actuar mejor», añadió.
Asimismo, el consejero reconoció que hay margen de mejora en la conexión entre políticas activas -dirigidas a mejorar el acceso a un puesto de trabajo- y pasivas -las que buscan mantener la renta de los parados- de empleo como incentivo a la contratación, sobre todo en actividades que requieren mano de obra no cualificada. Por ello, anunció una «reforma en profundidad» de estas políticas activas, con el fin de desplegar un acompañamiento y unas condiciones que garanticen el acceso al empleo en coordinación con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
Otra medida encaminada a ajustar la oferta y la demanda en el mercado laboral que asumirá la consejería es la reforma de la Formación Profesional (FP). El principal reto en este ámbito es adaptar gradualmente el sistema asturiano a la Ley de Integración de la FP para que comience a aplicarse en el próximo curso. La Consejería de Ciencia trabajará en «estrecha colaboración» con la de Educación a través de una comisión mixta de coordinación para lograr este encaje, con el objetivo de implantar un sistema potente y adecuado a los cambios tecnológicos.
También se concretará y consensuará la oferta específica para Asturias a través de «un análisis exhaustivo de la oferta y de su demanda, implicando a centros y empresas en la definición del nuevo modelo», de manera que se adapte a las necesidades del tejido productivo. Esto abocará en el medio plazo y «con casi total seguridad» a redefinir el mapa de la FP en la región, manifestó Sánchez. Además de las competencias de empleo, esta consejería asume en esta legislatura la interlocución con las empresas. Una de las primeras actuaciones en este terreno será la creación de la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid durante 2024, con la que se relanzará la colaboración público-privada. El fin es que pueda ejercer como representación permanente de la comunidad y facilite la captación de inversores y el desarrollo de nuevas actividades empresariales. Un proyecto que el Principado ya manejaba en la anterior legislatura, como había avanzado EL COMERCIO.
Asimismo, Sánchez apuntó la creación de un fondo de capital riesgo público-privado, sujeto a disponibilidad económica, con el objetivo de impulsar empresas emergentes en áreas tecnológicas y científicas con alto potencial de crecimiento. Como punto de partida, podrían beneficiarse unas diez compañías. También se refirió el consejero al proyecto de Ley de Ciencia, que se llevará al Parlamento asturiano antes de que finalice el año. Esta norma incidirá en la estabilización y la carrera investigadora e incluirá la creación de escalas del cuerpo superior de investigadores, «embrión del CSIC asturiano».
Gracias a esta ley, en esta legislatura se impulsará definitivamente el Museo del Jurásico (Muja) como centro de I+D. Además, se reformará la Ley del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) para adaptarlo al funcionamiento administrativo de un centro de investigación.
El Principado facilitará la contratación de personas mayores de 30 años a través de talleres de empleo que podrán desarrollar ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro. El Ejecutivo autorizó ayer un gasto de 13,2 millones para esta nueva convocatoria durante 2023 y 2024. Más de 500 personas podrán beneficiarse de un contrato de un año que otorgará tanto certificado de profesionalidad, una vez finalizado, como derecho a prestación por desempleo. Los talleres combinan acciones de formación y empleo para ayudar a las personas con especiales dificultades de inserción.
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