El Principado exigirá revertir la venta de Alcoa si no hay garantías

El presidente regional reconoció ayer que sigue «con enorme preocupación» la situación en la que se encuentran las antiguas factorías de Alcoa, rebautizadas como Alu Ibérica. En su Ejecutivo dudan de «la fiabilidad del nuevo comprador», al que acusan también de haber «roto los vínculos de confianza» del Gobierno regional, pero también del de España y de los consistorios, después de que empezara a negociar en secreto la operación con Parter solo un mes después de que este comprara las instalaciones a Alcoa y de que la Administración ni siquiera fuera informada de la reventa. En este sentido, el presidente regional insistió en que para el Principado «es fundamental» que se cumpla con el acuerdo al que se llegó el pasado mes de julio entre Alcoa y Parter y que contemplaba un proyecto industrial y de futuro para las factorías de la aluminera. «Yo mismo he hablado con la ministra Reyes Maroto», aseguró Barbón.

Por otro lado, el comité de empresa de la factoría avilesina hizo público ayer un comunicado en el que defiende que «la única solución» pasa por «la intervención del Gobierno en las plantas» hasta que las factorías estén saneadas y con toda su capacidad industrial, para buscar después «una solución definitiva». Para ello, apuesta por que haga uso de herramientas con las que cuenta, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y que exija a Alcoa que cumpla los compromisos alcanzados en el acuerdo con Parter.

Recuerda también el comité que Parter fue la elección que avaló tanto Alcoa como el Ministerio de Industria como «la mejor opción» y que la multinacional aluminera se comprometió en ese proceso a buscar «un inversor capaz de dar viabilidad y futuro a las planta». Este debía cumplir tres criterios: ser serio, solvente y con un plan industrial viable. Sin embargo, defienden los representantes de la plantilla avilesina que, a la vista de las actuales circunstancias, «Parter incumple todos los criterios acordados con los trabajadores» y no ha ejecutado «ni un solo punto del plan industrial».

Por otro lado, el eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández apuntó ayer en una red social que se va a empezar a «hablar de nacionalizaciones muy muy pronto». En noviembre de 2018, cuando Alcoa anunció su intención de cerrar las plantas, la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, rechazó esta posibilidad argumentando que España no era «un régimen comunista».