El Principado evalúa 195 proyectos con posibilidades de recibir fondos europeos para la recuperación

El Gobierno del Principado tiene sobre la mesa 195 proyectos que aspiran a tener encaje en los fondos articulados desde la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia por covid-19. Dichos proyectos, todavía en fase de evaluación, plantean «iniciativas muy importantes» en relación al sector de la economía circular, la transición energética, el cambio de modelo industrial, la agroalimentación, el turismo y la modernización digital.

Así lo explicó este lunes el consejero Juan Cofiño en la comisión parlamentaria de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, durante una comparecencia a petición propia que no contentó a la oposición al considerar que los datos ofrecidos «son ambigüedades». De hecho, Cofiño admitió que hasta el próximo otoño el gobierno autonómico no estará en disposición de concretar qué iniciativas se tramitarán y a cuánto dinero aspira Asturias.

«Esperamos un reparto razonable. Y, si somos capaces de presentar proyectos buenos y de gestionar bien los fondos, podríamos recibir un plus», señaló. En este sentido, se comprometió «a mejorar -con la inyección económica de la Unión Europea- lo que se hizo con los fondos mineros» en su momento, y que algunos partidos criticaron esta mañana.

Los fondos europeos, una vez recibidos, se ejecutarán desde las diferentes consejerías y, para canalizar ese nuevo caudal presupuestario, se va a reforzar la plantilla con perfiles profesionales en los que la Administración autonómica tiene ahora carencias, «fundamentalmente en materia de contratación pública. Ese programa de refuerzo temporal de la plantilla está en fase de diseño.

El consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático también tiene en fase de desarrollo un proyecto de ley que, a través de varias reformas legislativas, procurará una mayor agilidad de las contrataciones públicas. También anunció un proyecto de ley que permitirá resolver «el embudo» existente actualmente en la tramitación medioambiental.