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P. LAMADRID
Martes, 15 de junio 2021, 21:01
El consejero de Industria volvió a afrontar ayer las críticas de la oposición, en concreto de PPy Ciudadanos, a su gestión. En su defensa, Enrique Fernández destacó que el Gobierno regional destinará 30 millones de euros entre este año y el próximo para ... apoyar a la industria en su descarbonización. En concreto, aludió a los planes Moves II y III, dedicados a facilitar la compra de coches eléctricos, que van a aportar este año y el siguiente «más de diez millones de euros al sector del automóvil, muy vinculado a la industria».
En esa partida global también están incluidas las iniciativas para favorecer «el paso a una economía baja en carbono para todo tipo de empresas» que se financiarán con los fondos Feder. Un millón se empleará en costear auditorias energéticas de equipos y 1,5 millones para potenciar el uso de energías renovables y sistemas de eficiencia energética. Además, el Principado reservará 12,24 millones, distribuidos en once actuaciones, para ayudas a la eficiencia energética en pymes y grandes empresas. A los que habrá que sumar «los cuatro millones de apoyo que plantea aportar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». En total, 30 millones en dos ejercicios para apoyar la transición energética de las empresas de la región.
Una cantidad que le pareció claramente insuficiente al diputado popular Pablo González, que había preguntado al consejero por las medidas para evitar la pérdida de empleo en las industrias emisoras de CO2, las cuales «aportan 1.300 millones» a las arcas públicas del Estado. Por su parte, Fernández recordó que la reivindicación de elevar las compensaciones por costes indirectos de CO2 plasmada en la Alianza por la Industria está recogida en la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Una victoria», recalcó.
Álvaro Queipo, compañero de bancada de González, también cuestionó la labor de Fernández y quiso saber si tenía pensado renunciar a su cargo «en caso de confirmarse los rumores que afirman que el presidente del Gobierno valora retirarle parte de sus competencias». El consejero rechazó entrar «en conversaciones numantinas que no interesan a la sociedad asturiana» y respondió que no. «No estamos para conjeturas ni para politiqueos», resaltó, al tiempo que explicó que el IDEPA «ya funciona de forma coordinada» entre su consejería y la de Ciencia e Innovación.
La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, también se mostró crítica con el socialista. En este caso, por el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que grava a Cogersa, Arcelor y Asturiana de Zinc. «Desde Madrid, todos los pasos que hacen dar a la industria asturiana son terribles», lamentó. Fernández le recriminó que le culpara por cosas que no son de su competencia.
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