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AIDA COLLADO / FERNANDO DEL BUSTO
GIJÓN / AVILÉS.
Domingo, 12 de noviembre 2017, 04:02
Hasta el pasado viernes, cuando Iberdrola hizo pública su intención de cerrar las centrales térmicas de Lada, en Langreo, y Velilla (Palencia), el Gobierno del Principado no tenía ni idea de los planes de la compañía eléctrica. Así las cosas, es lógico que el Ejecutivo ... regional recibiese la noticia con «malestar», por el «fondo y la forma empleados». Lo primero que hizo el presidente del Principado fue llamar al máximo responsable de Iberdrola, a quien pidió las explicaciones pertinentes. El consejero de Empleo, Industria y Turismo tampoco se quedó quieto y se puso en contacto de inmediato con la Secretaría de Estado de Energía y el gobierno de la otra comunidad afectada, Castilla y León. Isaac Pola mostraba ayer sin ambages su rechazo a la posición de la compañía, «tanto en el fondo como en la forma».
Las formas además de «poco respetuosas» con los ejecutivos autonómicos, amplió, «han sido desleales». El peso de la «precipitada» decisión de Iberdrola es, en su opinión, lo suficientemente importante para que no se plantee «de manera súbita». Pola incidió en que la postura del Principado siempre ha sido la de defender que el carbón aún tiene un importante papel que desempeñar en el mix energético. «Asturias no discute el futuro de una economía descarbonizada, pero sí discutimos el camino», explicó. En este sentido, quiso subrayar que el cambio de modelo debe ser «una transición» y un proceso «equilibrado», ajustado a la evolución de las tecnologías. Pola llamó la atención sobre «todas las implicaciones» que plantean este tipo de medidas , «no solo las energéticas, sino también la ambientales, económicas y sociales que pueden derivar del proceso». La decisión de Iberdrola, concluyó, «tiene poco de transición y poco de equilibrio».
Al consejero no se le escapa que lo presentado el viernes por la eléctrica es una solicitud de cierre. Ahora, se abre un procedimiento administrativo, ya que la clausura tiene que estar previamente autorizada por el Gobierno central.
En la misma línea, la Federación Socialista Asturiana tildó de «fatal» el anuncio. Su secretario general, Adrián Barbón, exigió a la empresa «respuestas» y al Estado una planificación «estratégica y seria» de la energía y la «transición ecológica». «Cuando los socialistas pedíamos un pacto por la energía era por problemas como este», señaló. Pidió un cambio «justo», para que no haya pérdidas masivas de empleo y «no genere más injusticia en los territorios».
Y mientras el PSOE miraba hacia el Gobierno, Podemos se dirigía a la propia Iberdrola, ante la que argumentó que tiene «una obligación» con la región. «Lleva muchos años con una central térmica en el centro de La Felguera, sacó muchos beneficios de su explotación y ahora debe asegurar y comprometerse radicalmente con el mantenimiento del empleo», porque las cuencas «no pueden permitirse el lujo de perder ni un trabajo más», resumió el diputado Enrique López. Izquierda Unida, como los socialistas, reclamó que el Estado pilote un modelo energético nacional orientado a dar respuestas a las necesidades del país y no basado en los intereses de las eléctricas. El coordinador general de Asturias, Ramón Argüelles pidió «un plan inmediato para la industrialización de las comarcas mineras».
Palabras huecas, a juicio del diputado nacional de Foro, Isidro Martínez Oblanca, que cargó fuertemente contra la iniciativa planteada por Unidos Podemos -y aprobada con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos- hace un par de semanas en el Congreso, para adelantar a 2020 el cierre de las térmicas en España.
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