El Principado advierte de que no va a «permitir acciones violentas»

La crisis de Ucrania, el paro del transporte y sus efectos económicos se llevaron el protagonismo de la comparecencia que la portavoz del Principado, Melania Álvarez, y el vicepresidente, Juan Cofiño, realizaron después de la celebración del Consejo de Gobierno para explicar los acuerdos adoptados. Ambos evitaron prejuzgar el paro de los transportistas, pero no dudaron en condenar «algunas acciones violentas que se están produciendo».

Cofiño no se anduvo con paños calientes: «El paro de los transportistas es un palo y nos preocupa. Pero lamentamos las acciones violentas y no las vamos a permitir». Con esa idea, «reforzaremos la protección de los bienes básicos», anunció el vicepresidente del Principado.

Mientras, Melania Álvarez instaba a la «prudencia y la responsabilidad» de los sectores afectados por el incremento desorbitado del precio de la energía para que «los perjuicios que causen no sean mayores de los que pretenden evitar».

La portavoz del Gobierno autonómico también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los asturianos, asegurando que «el abastecimiento de los productos básicos de uso diario está garantizado», aunque en las estanterías de los supermercados ya empiezan a faltar aceite, harina o arroz. El Principado aboga por «atacar cuanto antes» la situación inflacionista que mantiene a varios sectores económicos en pie de guerra, aunque se muestra comprensivo con el hecho de que el Gobierno estatal posponga al 29 de marzo la aplicación de medidas. «El presidente del Gobierno está empleándose a fondo para resolver esta crisis, que tiene mucho o todo que ver con la agresión rusa a Ucrania», defendió Juan Cofiño, al tiempo que anunciaba un paquete de medidas por parte del Principado para «complementar las que vengan de Madrid y de la Unión Europea».

No quiso adelantar cuáles serán esas medidas complementarias, porque «las consejerías están viendo todavía qué aportaciones pueden hacer» a esa batería de actuaciones autonómicas. «Ninguna comunidad autónoma tiene competencias para afrontar un reto de esta magnitud, pero el Principado contribuirá dentro de sus modestas posibilidades poniendo el foco en los colectivos vulnerables», expuso el vicepresidente del Gobierno regional.

José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, secretarios generales de CC OO y UGT en Asturias, se refirieron también a la problemática que está generando el paro del transporte. Ambos representantes sindicales apuntaron a la «precariedad y el liberalismo salvaje» del sector como causas que avivan la protesta.

Los dos dirigentes entienden las dificultades derivadas del alto precio del combustible, pero consideran que no es el momento y rechazan el uso de la violencia. Así, hicieron un llamamiento al diálogo para garantizar la cadena de suministros en una coyuntura socioeconómica especialmente complicada.

El Gobierno rechaza hablar con la Plataforma pese al riesgo de desabastecimiento

El paro de los transportistas está poniendo contra las cuerdas al Gobierno. Las graves afecciones a la economía se traducen ya en cierres y reducciones de producción. Pese a ello, el Gobierno se mantiene firme y asegura que no se reunirá con la Plataforma para la Defensa del Transporte, convocante de este paro, que ya suma 130.000 autónomos y pymes del sector, y que está dificultando con sus piquetes el acceso a puntos estratégicos de la distribución de alimentos en distintos puntos de España. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dejó claro que no negociará con ellos y les calificó de «grupo de radicales que actúan con violencia». Señaló que es una asociación minoritaria que no forma parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) con quien el Ejecutivo sí está conversando.

La Plataforma, según la información que figura en su página web, es una entidad nacida en el año 2007 como respuesta al descontento de muchas pymes y autónomos del sector con las condiciones impuestas por los intermediarios y la labor que desempeñaban los cargos del Comité Nacional del Transporte. Esta organización ya fue protagonista en el paro de 2008 que, señalan, se saldó con una fuerte represión por parte del Gobierno que puso fin a la movilización. Los mismos problemas que planteaban entonces se ponen sobre la mesa en las protestas de ahora.

Pedro Sánchez reconoció que este paro amenaza con provocar «incidentes puntuales» de abastecimiento aunque considera que durante la jornada de ayer «la situación ha mejorado». Para evitar problemas, el Gobierno se ha comprometido a actuar con «contundencia» y ha movilizado a más de 23.000 agentes, la octava parte de la plantilla total de ambos cuerpos de las Fuerzas de Seguridad.

Por parte de la mayor asociación de autónomos, ATA, su presidente Lorenzo Amor explica a este periódico que el problema está en que el Gobierno «va tarde». «No podemos esperar al 29 de marzo porque el precio del combustible se debe bajar ya», aseguró. En opinión de Amor, la inacción del Gobierno está «ahogando a empresas, autónomos y ciudadanos» y apoyó las «legítimas y más que comprensibles» protestas y manifestaciones.

Mientras que el Gobierno espera al 29 de marzo para aprobar su paquete de medidas a la espera de pactarlas con Bruselas la semana que viene, varios países del entorno ya han aplicado -o al menos anunciado concretamente- cuáles son sus planes para reducir el impacto de la escalada de los precios. Francia ha anunciado un descuento de 15 céntimos por litro de gasolina tanto para particulares como para profesionales, Portugal subvenciona el gasto en combustible desde hace meses a través de la devolución de una parte del impuesto propio. Por su lado, Italia lanzó este viernes un nuevo decreto que reduce los impuestos de la gasolina y el diésel.

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