El BCE está «preparado» para aumentar su potencia de fuego contra la pandemia

Y eso incluiría una posible ampliación del programa de compras de emergencia contra la pandemia (el PEPP, por sus siglas en inglés) que muchos economistas dan por seguro que cerrará el año con una potencia de fuego superior a los 1,35 billones de euros que hoy lo nutren. El mecanismo está garantizado hasta el próximo año pero el Consejo de Gobierno de la institución bancaria siempre ha añadido el apostille de que «en todo caso» seguirá funcionando «hasta que se estime» que la crisis ha terminado.

«Este programa tiene en su ADN la flexibilidad tanto para el tiempo, como en activos y circunstancias y seguirá siendo flexible», planteó la presidenta del BCE. Incluso para atenuar «los riesgos de fragmentación» (la recuperación de los países a distinta velocidad), respondió a una pregunta planteada por el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano.

La analizó con eurodiputados del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo la evolución económica y monetaria de la zona euro. Un 'diálogo monetario', el tercero de su presidencia, que volvió a realizarse por videoconferencia y que se prolongó durante unas dos horas.

En su diagnóstico, Lagarde ha incidido en que los índices 'macro' previos a la pandemia no se alcanzarán hasta finales de 2022 (con una evolución del -8,0% en 2020, 5,0% en 2021 y 3,2% en 2022). Y que el objetivo de déficit del 2% -el que guía las decisiones en política monetaria del BCE- no se rondará hasta un año más tarde, 2023. La evolución prevista es conocida, tras el síntoma de deflación de agosto (la primera vez en casi un lustro) aumento gradual, de una media del 0,3% en 2020 a una media del 1,0% en 2021 y del 1,3% en 2022. Lento, muy lento. En gran parte por el mayor músculo del euro frente al dólar. «Se evaluará cuidadosamente toda la información, incluida la evolución del tipo de cambio, con respecto a sus implicaciones para las perspectivas de inflación a mediano plazo».

La francesa también reclamó a los Gobiernos que utilicen el fondo de recuperación (con una dotación de 750.000 millones de euros) para «impulsar el crecimiento» atendiendo a criterios comunes (como el medioambiental o la transformación digital) y hacerlo «a tiempo».