La ley de Podemos adelanta cinco años el cierre de las térmicas más modernas

Estas críticas chocan con los argumentos esgrimidos desde Madrid. El viernes mismo, el diputado a nivel nacional Rafael Mayoral defendió en Gijón el documento. Pero, más allá de las opiniones, el documento tiene medidas de calado que harían que, en poco más de seis años, se tuviera que que transformar por completo el sistema eléctrico de la región.

La propuesta de Unidos Podemos supone una reforma «profunda» del modelo energético con el objetivo de luchar contra el cambio climático, para lo que hace una apuesta total por las renovables. Uno de los puntos que más afectaría a Asturias es el que fija el cierre de las térmicas de carbón antes del 31 de diciembre de 2025. Sin hacer distinciones. Según los datos del año pasado, esto significaría prescindir del 71% de la generación en la región -en 2017 el total fue de unos 14.000 GWh, de los que casi 10.000 correspondieron a estas centrales-. No obstante, parece complicado que ya para ese año lleguen en funcionamiento las cuatro térmicas asturianas de este tipo -Iberdrola ya ha pedido el cierre de la de Lada y Naturgy ha dejado en el aire hacer las mejoras que se requieren en la de Tineo- .

Sin embargo, EdP ha acometido las inversiones necesarias en las centrales de Aboño y de Soto de Ribera para seguir activas dentro de dos años, cuando entre en vigor una normativa mucho más estricta en materia de emisiones, ya que en ambas se han instalado las plantas de desnitrificación y desulfuración necesarias para ello. Con estas millonarias mejoras están preparadas para alargar su vida útil hasta 2030. Pero la propuesta de Unidos Podemos no tendría en cuenta esto y adelanta su cierre cinco años, lo que supondría toda una revolución en la región. Solo la central de Aboño generó el 42% de la electricidad producida en Asturias en 2017 y, entre las dos, su producción supuso más de la mitad del total.

El texto de la formación morada considera que «la fecha límite para cerrar la última central de estas características será el 31 de diciembre de 2025» y que «entonces se habrán garantizado los criterios de creación de empleos alternativos». Según el documento, los propietarios de cada térmica deberán comunicar la fecha del cese de actividad, al menos, dos años antes de que se produzca para que la compañía, el organismo competente en la planificación del sistema eléctrico, el Gobierno regional, los ayuntamientos y los sindicatos negocien y elaboren un plan social y un plan de transición justa que incluya la reactivación económica de la zona seis meses después, con recolocaciones y alternativas de empleo para los trabajadores directos e indirectos. Esos planes prevén que el número de empleos que se creen sean superiores a los que se destruyan y fija en dos por cada uno perdido en las zonas con menores tasas de empleo. Para costear todo esto, Unidos Podemos prevé un Fondo de Financiación Verde, cuyos recursos estarán garantizados por los Presupuestos Generales del Estado.

Su lucha contra el carbón también incluye que el Estado o cualquier entidad dependiente se abstendrá de invertir en empresas que se dediquen a la exploración, extracción, refinado, procesado o distribución de combustibles fósiles. Según el texto, Hunosa debería dejar de ser estatal si mantiene su actividad extractiva.

Por otro lado, el texto incluye la puesta en marcha de proyectos de investigación e innovación sobre aplicaciones alternativas del carbón y mantener «abiertos, únicamente, los pozos estrictamente imprescindibles para la realización de estas labores de investigación y, en ningún caso, se podrán utilizar para la quema de carbón, cuyo objetivo sea la producción de energía». Esto implicaría, además, el cierre de la térmica de La Pereda.