El plan del acero dejará en manos del Gobierno las ayudas y la bajada del coste eléctrico a Arcelor

«Los costes energéticos son el factor clave de la competitividad de la industria del metal», reconoce el documento, dividido en seis ejes, que recuerda que, en el caso de Europa, la electricidad es entre dos y tres veces más cara que en EE UU, mientras que el precio del gas se multiplica por cuatro. Por tanto, considera «crucial» su reducción, para lo que el Plan de Acción para una Energía Asequible pretende reducir los impuestos y otras cargas de la factura, facilitar los acuerdos bilaterales a largo plazo (PPA), acelerar los permisos y la expansión de las redes e incentivar la flexibilidad del sistema eléctrico. Además, las electrointensivas serán las principales beneficiarias de un proyecto piloto del Banco Europeo de Inversiones para PPA corporativos.

La Comisión plantea así proveer de una guía a los Veintisiete para diseñar instrumentos de flexibilidad para las ayudas estatales basadas en PPA y se tendrán en cuenta especialmente las hiperelectrointensivas, que en la legislación española no cuentan con un apoyo específico en relación a otras en las que el peso del coste eléctrico es inferior.

A corto plazo, «se insta a los Estados miembros a implementar y utilizar rápidamente todas las flexibilidades que ofrece la legislación energética europea y las normas sobre ayudas estatales para reducir los costes de las industrias de alto consumo energético», señala. E insiste el Ejecutivo comunitario en que se autorizan «reducciones en el nivel de impuestos ambientales y gravámenes parafiscales» y en que «la Directiva de Fiscalidad Energética permite reducir los impuestos de la electricidad a cero para las industrias con un consumo intensivo de energía bajo ciertas condiciones». De este modo, se pone de nuevo la pelota en el tejado del Gobierno español, ya que a pesar de ser el país con mayor penetración de renovables, mantiene impuestos y cargos en la factura superiores a los de Francia o Alemania

Por otro lado, Bruselas anima a los países a que compensen los costes del carbono repercutidos en las facturas de la luz, algo que solo hacen 14, entre ellos España. Este año, el Gobierno central ha duplicado de 300 a 600 millones la partida destinada a este mecanismo, pero aún se queda lejos del tope de más de 850 millones que permite la UE.

Además, en el marco del Pacto Industrial Limpio se ofrecerá mayor flexibilidad y simplificaciones para que los países puedan acelerar el apoyo a la descarbonización industrial. Esas ayudas serán para todas las tecnologías, incluidas aquellas que permitan una reducción de emisiones gradual, un aspecto que no ha tenido en cuenta hasta ahora el PERTE de la Descarbonización, lo que ha frenado numerosos proyectos. Y otra posibilidad que quedará en manos de los gobiernos es diseñar tarifas de red de forma que beneficien a las industrias con un alto consumo energético.

Por otro lado, en cuanto al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), el documento promete garantizar su eficacia y los posibles riesgos de deslocalización por este motivo. Entre otras cuestiones, se propondrán mejoras que tengan en cuenta las exportaciones, extenderlo a productos derivados, para evitar que la fuga de carbono se desplace a etapas posteriores de la cadena de valor, y también se buscarán opciones para evitar la redistribución de la producción –que terceros países desvíen a Europa su acero verde, mientras destinan el sucio a otros mercados–.

En cuanto a las medidas de salvaguarda comercial, la Comisión promete «introducir un nivel adecuado y eficaz de protección fronteriza después del 30 de junio de 2026», cuando expiran las actuales, con una combinación de contingentes arancelarios y teniendo en cuenta los cambios en la demanda, ahora debilitada. Asimismo, las investigaciones se realizarán ante «una amenaza de perjuicio», sin esperar a que se produzca un daño importante, y se reforzará el seguimiento de los flujos comerciales. Así, entre los principales cambios, también se introducirá la regla de 'fundido y vertido' ('melted and poured rule', en inglés), que considerará el acero originario del país en el que se fundió, no de un lugar de transformación posterior, para evitar la posibilidad de cambiar la procedencia oficial de un producto para evitar aranceles. Ya el 1 de abril se pondrán en marcha medidas de salvaguarda ante el nuevo contexto geopolítico.