Solo un 3% de los ciudadanos cree que existe «poco» fraude fiscal en España

Así se pronuncian en el último barómetro de opinión pública y política fiscal elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este viernes. Pero a pesar de ese aparente compromiso social solo el 8,5% de los habitantes del país estima que los impuestos «se cobran con justicia», esto es, al final pagan más quienes más tienen. De hecho, sí se escudriña un poco más entre sus respuestas, queda claro que no es igual hablar de uno mismo que de los demás.

A la hora de valorar al resto de la población casi la mitad (el 47,4%) sostiene que los españoles son «poco conscientes y responsables» en materia tributaria, aunque en contraste casi un tercio (32,8%) piensa que sí lo son, al menos «bastante». Ahora bien, en lo que hay una coincidencia general es en que no se pagan precisamente «pocos» impuestos –apenas un 5% lo considera-, pues para casi seis de cada diez (el 57,4%) son «muchos» y para prácticamente otro tercio (32,1%) al menos «bastantes».

En esa misma línea, tres de cada diez (27,4%) se quejan de que «el Estado obliga a pagar» esos gravámenes «sin saber muy bien a cambio de qué», mientras que apenas el 13% piensa que «son un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad». Precisamente respecto al destino que se da al dinero recaudado desde las administraciones para financiar servicios públicos y prestaciones, la Seguridad Social y las pensiones, la investigación en ciencia y tecnología, junto a la sanidad, son las áreas que, a juicio de dos de cada tres encuestados por el CIS, reciben «muy pocos recursos», seguidas de cerca por la vivienda, la protección para el desempleo y la enseñanza.

Y es que domina la opinión de que el conjunto de la sociedad se beneficia «poco» de lo que pagamos a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones (un 55,4% lo cree así) mientras que apenas tres de cada diez (27%) entienden que sí lo hace «bastante» por cumplir con esas obligaciones. A su vez, algo más de un tercio (34,4%) sostiene que en España se abonan más tributos que en los países más avanzados de Europa.

En cuanto al fraude fiscal, tan solo un 2,8% de quienes viven en España estima que aquí existe «poco» o «muy poco» fraude fiscal; por el contrario, seis de cada diez (59,7%) creen que hay «mucho» y casi el 35% que «bastante». Sin embargo, al opinar de la gente que conocen, solo el 16,7% de los encuestados señala que «pocos» de ellos declaran realmente todos sus ingresos -no obstante, a la hora de referirse solo al IVA el número de quienes piensan así sube hasta el 24,4%-, mientras que siete de cada diez piensan que «todos» o «bastantes» sí lo hacen.

Pero, ¿cómo valoran lo que hace la Administración para reducir ese fraude? Pues francamente mal. Para casi la mitad (el 44,4%) realiza «pocos esfuerzos», casi el doble de los que piensan que sí hace «bastantes» (el 23,2%), e incluso uno de cada cinco (prácticamente el 19%) llega a señalar que son «muy pocos» los medios y energías que emplean en esa tarea los responsables públicos. Y esto resulta especialmente negativo porque, más allá de que la evasión de impuestos reduce los recursos para financiar servicios públicos -así lo piensa el 30%-, uno de cada cinco entiende que al final «desmotiva a quienes sí los pagan correctamente».

En cualquier caso, también la población hace autocrítica, aunque no parece demasiada. Para el 22,4% la razón principal que lleva a las personas a ocultar sus ingresos a Hacienda, en parte o totalmente, es «la falta de honradez y conciencia ciudadana». Frente a ellos otro 15,5% apunta a que los salarios «son demasiado bajos» y un 13% a la escasez de empleos, un 13,5% dice que los impuestos actuales «son excesivos» y solo un 12,2% lo achaca a la falta de control de la Administración.

Eso sí, lo que mayor rechazo les produce a la gran parte de los ciudadanos consultados por el CIS, y con mucha diferencia, es que una empresa grande eluda pagar el impuesto de sociedades (casi tres de cada cuatro piensa así) o bien recibir una prestación social a la que no se tiene derecho (el 70,6% lo rechaza de plano).