Así será la reforma de las pensiones: cómo se revalorizan, a quién penalizan...

La negociación entre el Gobierno y los sindicatos se encuentra ya en la fase final y definitiva y su presentación oficial podría producirse en cuestión de días. Tan solo falta cerrar algunos flecos, aunque uno de ellos es un gran escollo: la negativa del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a introducir en este primer paquete de medidas el factor de sostenibilidad, lo que para los sindicatos es una línea roja.

Revalorización con el IPC

Las pensiones volverán a subir con los precios y los jubilados en todo momento mantendrán su poder adquisitivo. Concretamente, las prestaciones se revalorizarán al comienzo de cada año con la tasa de variación interanual media del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior.

Si el valor medio fuera negativo, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año, especifica la nueva ley. Asimismo, el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas revisarán cada cinco años los efectos de la revalorización anual y se lo comunicarán al Pacto de Toledo.

Adiós al déficit

El Estado se hace cargo de forma permanente de un amplio conjunto de gastos impropios que hasta ahora estaba asumiendo la Seguridad Social y que pondrán fin a su déficit. En los Presupuestos de 2021 se ha realizado ya la primera transferencia por importe de cerca de 14.000 millones de euros y en los ejercicios 2022 y 2023 se incrementarán en unos 8.000 millones.

Penalizaciones al retiro anticipado

La posibilidad de jubilarse de forma anticipada hasta dos años antes se mantendrá y para la inmensa mayoría no habrá un castigo mayor, sino al contrario. Con el nuevo esquema de coeficientes reductores diseñado por Escrivá habrá una mejora generalizada para la inmensa mayoría de la gente.

Solo podrían salir perjudicados quienes se jubilen voluntariamente 24 o 23 meses antes de la edad ordinaria y no hayan cotizado por encima de la pensión máxima. Sin embargo, si retrasan dos meses su retiro, entonces saldrán ganando respecto a la legislación actual. El resto de colectivos, o sale mejorando o se quedan igual.

Así, se garantiza a quienes hayan cotizado por bases máximas, por encima de los 2.707 euros al mes, que en ningún caso tendrán una prestación inferior a la que tendrían ahora si se prejubilan, es decir, cobrarán al menos 2.598 euros al mes. A su vez, los que hayan sido despedidos por un ERE este año sortean esta ley.

El nuevo esquema de desincentivos reducirá la pensión del trabajador –su pensión real, no su base reguladora– por cada mes que adelante su retiro, no por trimestre, como sucede ahora. Las penalizaciones para la jubilación anticipada voluntaria oscilarán entre un 2,81% y un 21%, un recorte mayor que el actual, que varía entre un 1,6% y un 16%.

Sin embargo, serán menos quienes accedan a la prejubilación voluntaria, ya que en esta reforma se amplían los colectivos de quienes entran por la involuntaria, que gozan de unas penalizaciones en muchos casos más suaves que la voluntaria y además pueden retirarse hasta cuatro años antes de la edad legal.

Prácticamente entran aquí todas las causas de despido y también podrán acogerse todos los que estén cobrando el subsidio para mayores de 52 años, aunque sea por despido disciplinario. Sus coeficientes reductores oscilarán entre un 30% para quienes se retiren cuatro años antes de la edad ordinaria y un 0,5% para quienes lo hagan un mes antes.

Jubilación demorada

Por el lado contrario, el Gobierno premiará a quienes pospongan el retiro con mayores incentivos que ahora. Así, entregará un cheque de hasta 12.060 euros por cada año de retraso por encima de la edad legal. Este es el máximo que podrá recibir quien haya cotizado más y haya trabajado por encima de 44 años y medio, mientras que el mínimo será de 4.786 euros.

En lugar de este incentivo también podrán optar por un porcentaje adicional del 4% de su pensión por cada año de más cotizado. O bien por una combinación de ambas: una parte con un cheque y otra con un aumento de su prestación.

Además, las empresas y los trabajadores quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, una vez hayan alcanzado la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación.

Jubilación activa

Se permitirá compatibilizar trabajo y pensión a partir de un año después de haber cumplido la edad legal y en el plazo de 12 meses se corregirán las diferencias existentes entre regímenes y sistemas especiales.

Cotización de los becarios

Todas las prácticas laborales y no laborales, independientemente de si el promotor es público o privado, deberán cotizar a la Seguridad Social en el plazo de tres meses.

Agencia de la Seguridad Social

El Gobierno se compromete a crear en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social para adecuar y modernizar el sistema.

Cláusula de salvaguarda

Se aprueba con carácter indefinido la cláusula de salvaguarda, que permite a los que fueron despedidos antes de abril de 2013 acceder al retiro con las condiciones anteriores a la reforma de las pensiones de 2011.

Viudedad parejas de hecho

Se revisará la pensión de viudedad en el plazo de seis meses para que puedan beneficiarse también las parejas de hecho.

Jubilación forzosa solo si se contrata a un nuevo trabajador

El Gobierno finalmente no prohíbe la jubilación forzosa por convenio, tal y como pretendía en un principio, pero sí la endurece. Así, las empresas solo podrán obligar a retirarse a un trabajador a partir de los 68 años. Además, para ello tendrán que cumplir una serie de requisitos, entre los que se incluye ahora que han de contratar al menos a un nuevo empleado para relevarlo de forma indefinida y a tiempo completo, según se especifica en la ley.

Sin embargo, la norma establece una excepción para permitir la jubilación forzosa en el momento en que se cumpla la edad ordinaria en determinados sectores, aquellos en los que exista una brecha de género. Concretamente, en las actividades en las que el número de trabajadoras ocupadas sea inferior al 15% de los hombres ocupados, como podría ser la construcción. Y en este caso se exige contratar a una mujer.

Los convenios que tengan esta cláusula podrán seguir aplicándola tres años después de que termine su vigencia.