La OCDE pide a España que vincule la cotización de los autónomos a sus ingresos reales

La globalización, la digitalización y los cambios demográficos han transformado en los últimos años el mercado de trabajo mundial en profundidad y con gran rapidez. Esto es especialmente visible en España, donde entre el 40 y el 50% del empleo es ya «atípico», es decir, o bien es temporal, a tiempo parcial o autónomo. Pese a la generalización de este tipo de empleo, más del 70% de los trabajadores autónomos españoles «mira a corto plazo» y elige una base de cotización -la mínima obligatoria- que no se ajusta a sus ingresos reales. Pan para hoy y hambre para mañana, avisan desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya que, a iguales ingresos, la pensión que en el futuro percibirá ese autónomo equivaldrá al 42% de la jubilación de un asalariado. 

España debe «limitar drásticamente» esa flexibilidad que otorga a los trabajadores autónomos para elegir su base imponible y debe vincularla con los ingresos, advirtió Hervé Boulhol, economista jefe de pensiones del organismo, en una reunión con periodistas internacionales. La flexibilidad busca «hacer el empleo autónomo atractivo» e «incentivar la libertad de emprender», y puede que se traduzca en un crecimiento de la tasa de empleo a corto plazo o incluso en mejores remuneraciones al haber una menor cotización, pero «estas políticas deben tener en cuenta el conjunto del ciclo de vida» para no fomentar una precarización de la jubilación, señaló el experto.

Es muy posible, sin embargo, que los autónomos no sean los únicos que sufran en el futuro las estrecheces de la jubilación. Según las proyecciones de la ONU, en 2050 habrá en España 78 personas mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar, bastante más del doble de las 33 actuales, y muy por encima de la media de los países de la OCDE, que se sitúa en 53 (2050) y 31 (hoy). Aunque otras proyecciones como las de Eurostat arrojan un aumento inferior, el fuerte aceleramiento del envejecimiento demográfico en España es una realidad. Esto pone una enorme tensión sobre el sistema de pensiones. 

Sin embargo, constata la OCDE, las medidas que se decidieron en 2013 para mejorar la viabilidad financiera del sistema -el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad- han sido suspendidas. El IRP vinculó en 2013 la revalorización de las jubilaciones con el equilibrio financiero del sistema público de pensiones. Sin embargo, en 2018 y 2019 el IRP se suspendió y las pensiones volvieron a vincularse al IPC. El Factor de Sostenibilidad, que introduce la variable de la esperanza de vida en el cálculo de las pensiones, ha sido suspendido hasta 2023.

El organismo no entra en el fondo de estas medidas -puestas en marcha y suspendidas por el gobierno de Mariano Rajoy-, es consciente de que «se puede llegar al equilibrio financiero por diferentes vías» y constata que, efectivamente, si en esos años se hubieran mantenido vinculadas al IRP tan solo habrían subido un 0,25%, muy por debajo de la subida de los precios, lo que habría significado una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. «Pero los problemas financieros del sistema» persisten, advierte Boulhol, por lo que habrá que buscar «algo para reemplazarlas». 

La inestabilidad política española, sin embargo, no ayuda a encontrar una solución, ya que «para hacer nuevas proposiciones en torno al pacto de Toledo, para eso primero hay que tener un gobierno», evidencia el economista.

A pesar de todo, e incluso si se vuelve a instaurar el Factor de Sostenibilidad, España cuenta con una de las tasas de reemplazo (el porcentaje de ingresos en la jubilación con respecto a los ingresos previos cuando el trabajador estaba en activo) más altas de la OCDE, sostiene el informe. En el futuro, y de acuerdo con la legislación actual, esta tasa se situará en el 83% para los trabajadores con salarios medios, mientras que la media del club de los países desarrollados está entre el 59%. A pesar del envejecimiento de la población, en 2027, los españoles que hayan cotizado 38,5 años podrán jubilarse a los 65 años, menos que la media de la OCDE, que se sitúa en 66,1 años para hombres y 65,7 años para mujeres. Los daneses, por ejemplo, deberán esperar hasta los 74 años para disfrutar de su merecida jubilación.