La OCDE pide a España elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y endurecer sus condiciones

Además, a pesar de que las reformas acometidas en los últimos años elevaron la edad de jubilación hasta los 67 años, el informe, que ha sido presentado en Madrid por la ministra Nadia Calviño y el secretario general de la OCDE Ángel Gurría, asegura que el Gobierno debería vincular la edad de jubilación a la «variación de la esperanza de vida restante después de los 65 años».

Y en relación a las pensiones, el organismo presidido por Gurría ha afirmado que el Ejecutivo debería estudiar «medidas adicionales y alternativas» que «fomenten» el ahorro privado como respuesta a los cambios anunciados para recortar las comisiones de los planes privados de pensiones.

Por otro lado, con el objetivo de incentivar la contratación indefinida de trabajadores de salarios bajos, la organización recomienda revisar los incentivos actuales y considerar una reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para ellos. Sería una medida «ventajosa para todos» porque se reduciría la desigualdad y avivaría el crecimiento económico, dice el informe. Eso sí, advierte de que debería evaluarse su efectividad y complementarse con otras medidas de apoyo a la contratación.

Además, otras de las medidas concretas a aplicar en la economía española para mejorar su situación son incrementar los impuestos sobre los combustibles y recortar los bienes y servicios que disfrutan de un IVA reducido.

El informe refleja que el margen para que el sistema fiscal español sea más respetuoso con el medio ambiente «sigue siendo amplio». España recauda menos ingresos a través de los impuestos relacionados con el medio ambiente -como los combustibles- que la media de la OCDE. El organismo concreta en el diésel sus recomendaciones afirmando que pese a que sus emisiones de CO2 a la atmósfera son más elevadas, el tipo del impuesto sobre este carburante es menor que el de la gasolina, «lo que abarata su precio de venta al público animando a los consumidores a comprar estos vehículos». Por ello, la organización, en línea con la idea del Gobierno presentada ante Bruselas, pide reformar la fiscalidad de los combustibles «para reflejar con mayor precisión la emisión de CO2 y otros contaminantes».

Precisamente este jueves el INE ha publicado la encuesta en la que se desvela que los impuestos ambientales ascendieron a 21.382 millones de euros en 2017, lo que supuso un incremento del 3% respecto al año previo, cuando se alcanzaron los 20.754 millones.

También muestran la necesidad de aumentar la recaudación por IVA suprimiendo algunos tipos reducidos. La OCDE ha analizado cuál sería la contribución al aumento del PIB de esta medida: 0,4%. En su opinión, la fiscalidad española sigue orientada hacia las rentas del trabajo, lo que «penaliza» el crecimiento y el empleo, mientras que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) está «infrautilizado» y por debajo de la media de los países de la OCDE. Y es que las deducciones, exenciones y tipos reducidos «le resta eficacia» como instrumento para reducir la desigualdad de ingresos.

El informe advierte, en este sentido, de que algunos tipos reducidos de IVA como los correspondientes a alimentos básicos y otras necesidades elementales, «benefician a la población más pobre en términos relativos», pero no están suficientemente dirigidos a los objetos oportunos. Además, advierte de que otros tipos reducidos del impuesto tienden a beneficiar a los hogares más acomodados. Se refieren, por ejemplo, al turismo, avisando de que aunque en su día la reducción del IVA favoreció la competitividad del sector, actualmente -«España es hoy el destino turístico más competitivo de la OCDE»- no es tan necesario y «da margen para subir la recaudación».

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