Escrivá baraja implantar un recargo en las cuotas de las rentas más altas

Hasta allí acudió el pasado 26 de enero Escrivá con una nueva estrategia de juego: exponer a la Comisión Europea todas las opciones que el Gobierno está manejando en esta segunda fase de reforma para lograr la sostenibilidad del sistema, puesto que debía estar aprobada a finales de diciembre pasado. Y ahí apareció una medida que hasta ahora no se había divulgado y que el ministro se guardaba en la chistera: establecer un nuevo recargo en la cotización para los salarios más altos, independiente a la subida de las bases máximas, según adelantó El País y confirmaron a este periódico fuentes de la Seguridad Social.

«Hay que ir enseñando a la Comisión Europea todo el espectro de opciones que hay para que cuando la reforma de las pensiones se materialice estén al corriente de todo y el ciclo se cierre rápido», explicaron desde el ministerio, que, no obstante, se afanaron en recalcar que no hay nada concreto ni decidido, ni siquiera cifras sobre cuánto sería ese recargo y a partir de qué umbral de renta afectaría.

Lo que baraja Escrivá es implantar una cotización adicional para la franja más alta de los salarios de los trabajadores, a partir de la cual no se paga a la Seguridad Social. En la actualidad la base máxima de cotización se sitúa en los 4.495,5 euros al mes, lo que supone que los salarios a partir de los 53.958 euros anuales no cotizan al sistema porque están exentos. Su objetivo es aumentar un 30% en términos reales esta cotización en las próximas décadas, esto es, un incremento adicional fijo de 1,154 puntos porcentuales desde 2025 hasta 2050, para situarlo bastante por encima de los 70.000 euros, a lo que hay que añadir la subida anual por la evolución de la inflación.

A partir de esa cuantía o de otra que se pacte sería cuando entrara en juego este recargo en las cuotas de las rentas más altas, que verán cómo en las próximas décadas los impuestos que pagan crecerán exponencialmente. Así, este Gobierno habrá puesto en marcha tres nuevos pluses: la subida extra de las bases máximas, el recargo adicional a los salarios más altos y el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que ha entrado en vigor este mismo año y que eleva 0,6 puntos porcentuales las cotizaciones sociales de todos los trabajadores.

El objetivo de estas medidas no es otro que insuflar ingresos a unas cuentas de la Seguridad Social que están teñidas de rojo desde hace ya muchos años y que se enfrentan a los momentos de mayor tensión financiera en estas próximas décadas, con la jubilación de la generación del 'baby boom'. Así lo reconocieron a este periódico desde el ministerio, argumentando que quieren dejar claro a Bruselas que «los números dan», ya que el primer paquete lo que hizo fue aumentar exponencialmente los gastos, principalmente al ligar la revalorización de las pensiones al IPC.

Por ello, Escrivá ya ha claudicado en su empeño de convencer a Bruselas para aplicar solo hasta 2032 –tal y como recoge la ley– el mecanismo de equidad, que sustituye al factor de sostenibilidad del PP que nunca llegó a entrar en vigor, y en esta reforma se incluirá ya su ampliación hasta 2050, tal y como le exigía la Comisión Europea y defienden también los sindicatos.

Estas dos iniciativas, previsiblemente, contarán con el apoyo de UGT y CC OO, partidarios del destope de las bases máximas, y de los partidos de la izquierda, pero, sin embargo, más verde está aún la tercera medida: la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones, que el Ejecutivo ha prometido a Bruselas. Encima de la mesa hay una oferta a la que se oponen con fricción los sindicatos y Unidas Podemos: alargar el periodo de cálculo a 30 años con el descarte de las 24 peores mensualidades. Desde Seguridad Social deslizan que podría incluso pactarse que esta medida sea voluntaria, es decir, que en función de los intereses de cada jubilado se aplique esta norma o la actual, que solo tiene en cuenta los últimos 25 años de cotización.

Escrivá quiere cerrar un acuerdo este mismo mes, pero los sindicatos señalaron a este periódico que «el problema no está en el Parlamento, sino dentro del propio Gobierno», que debe fijar una p ostura común y consensuar las medidas.