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JOSÉ M. CAMARERO
MADRID.
Miércoles, 30 de junio 2021, 04:18
El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ratificó a última hora de ayer el texto del acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Lo hizo, además, por unanimidad de todos sus miembros, sin que públicamente hayan mostrado reticencias a ... un acuerdo sobre el que la oposición comenzó a arremeter por lo que consideran que es un texto insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Horas antes de esa reunión, el presidente de la patronal madrileña (CEIM), Miguel Garrido aplaudía el acuerdo, aunque lo veía insuficiente. Para Garrido, ofrece soluciones «a algunos aspectos» pero «desde luego no con la profundidad que se requiriere para conseguir que en el futuro podamos tener un sistema que sea sostenible», además de satisfacer las necesidades de las personas que se jubilan y que también «nos lo podamos permitir el resto de los ciudadanos». «Yo creo que se da un paso para conseguir alargar la edad de jubilación real, pero creo que las medidas en profundidad están por llegar», indicó.
Por su parte, Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Fiscal (AIReF), coincidía con quienes piensan que la reforma de las pensiones es un documento incompleto para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. «Es una reforma compleja con numerosos componentes pendientes de definición», expuso durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados. En su intervención, y sin referirse explícitamente a la primera parte de la reforma, Herrero sí dejó claro que cualquier medida del Gobierno que implique un aumento del gasto requerirá de una compensación. Por ejemplo, reduciendo otras partidas. Según las estimaciones que la AIReF hizo en mayo, y que Herrero volvió a recordar ante el Congreso, ligar la subida de las pensiones al IPC situaría la deuda del Estado en el 165% del PIB en 2050. «Si añadimos la eliminación del factor de sostenibilidad, el dato se iría al 175%», advirtió.
Las críticas más directas han llegado desde los partidos de la oposición. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, exigió la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que concrete sus planes, considerando que los acuerdos «son anuncios, pero no reformas». Gamarra lamentaba que «la mayoría» de las medidas «no se concretan en absoluto, sino que se posponen». «Y no sabemos para cuándo», puntualizó.
Por su parte, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, calificó de «ejercicio de trilerismo y ficción contable» la reforma y ha anticipado «durísimos recortes» en el futuro.
Incluso una parte del arco parlamentario que apoya al Gobierno le ha advertido de que no de pasos en falso que puedan acabar con la retirada de sus votos. El grupo parlamentario En Comú Podem admite su «inquietud» por la mención a un 'factor de equidad intergeneracional'. Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, se mostró«razonablemente satisfecho».
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