Planta de Arcelor en Sestao, País Vasco. REUTERS

El País Vasco dispara sus ayudas a la descarbonización y agranda la brecha con la industria asturiana

La deducción genérica aumentará del 10% al 35% para todas aquellas instalaciones que suplan los combustibles fósiles por alternativas neutras

M. Álvarez / C. García-Oviés

BILBAO/GIJÓN.

Jueves, 14 de noviembre 2024, 01:00

País Vasco afrontará una reforma fiscal por la que se modificará el Impuesto de Sociedades, el que grava los beneficios que obtienen las empresas. Esa modificación –pactada entre el PNV y el PSE– incluye incentivos a las nuevas inversiones cuyo objetivo sea ... descarbonizar procesos de producción. Así, muchas de estos proyectos, que hasta ahora tan solo se beneficiaban de una deducción genérica del 10% sobre su importe y con algunas limitaciones, tendrán ahora una deducción del 35% para la sustitución de procesos industriales que utilicen combustibles fósiles por otros basados en hidrógeno, captura de CO2 o similares, y que alcanzará también a las renovaciones de flotas de vehículos empresariales cuando se trate de adquisición de nuevas unidades de 'emisiones cero'. Además, la deducción abarcará también la instalación de las unidades de recarga de esa flota de vehículos eléctricos de empresa.

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De este modo, las ayudas del Ejecutivo vasco a los procesos de descarbonización agrandan aún más la brecha de su industria con la asturiana, que cuenta con muchas menos ayudas para la transición ecológica. Lo hace, además, mediante un mecanismo del que no dispone el Principado, puesto que Asturias pertenece al régimen común y no al foral. El impuesto que afecta a las empresas tiene, al menos hasta donde se ha anticipado, apenas unos ligeros retoques, ya que los legisladores vascos no han querido entrar a fondo, previsiblemente para evitar choques de carácter ideológico entre los propios socios del Gobierno autonómico. Así, el acento se ha puesto en aquellas deducciones que pueden generar un respaldo de amplio espectro y no se descartan nuevas iniciativas de modificación en Sociedades –al menos nuevos intentos de reforma de la reforma–, ya avanzado 2025.

«Se está concediendo una ayuda fiscal que no se da en el resto de España», explica el profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, Santiago Álvarez: «El impacto a medio plazo es difícil de determinar, porque habría que ver lo que significa en ahorro de impuestos y si compensa la localización allí. En todo caso, es evidente que a aquellas que ya están en País Vasco les beneficia, porque van a pagar menos impuestos y les saldrán más baratos los proyectos de inversión». En ese sentido, el experto en fiscalidad apunta que «no es tanto un arma para atraer nuevas empresas», porque, asegura, resulta complicado que una compañía que está en Asturias decida deslocalizarse si no hay un ahorro fiscal significativo que compense trasladarse a otro territorio. «Otra cosa si te querías instalar en España y no sabías dónde, que ahí te va a salir más barato», reconoce Álvarez.

Asturias, con una economía tradicionalmente basada en el carbón, es una de las comunidades autónomas más afectadas por el proceso de transición ecológica, con especial impacto en las empresas electrointensivas –como Arcelor, que precisamente cuenta con plantas en ambas comunidades, o Asturiana de Zinc–. En esa línea, la industria de la región siempre ha defendido de que se enfrenta a unas condiciones peores que sus competidores, tanto extracomunitarios como europeos e, incluso, nacionales, como ocurre –ahora con mayor diferencia– con el País Vasco, que facilita a su tejido productivo más ayudas que el Principado.

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Mejora del concierto

De hecho, el Gobierno vasco y las diputaciones han pactado con el Ministerio de Hacienda una mejora del Concierto Económico. Un acuerdo centrado en cuestiones técnicas sobre 14 impuestos, pero que abre la vía para extender la normativa vasca sobre IRPF y Patrimonio a todos los extranjeros y no solo a los que tienen 'establecimiento permanente' en España, como ocurría hasta ahora. Es, según explicaron Ejecutivo y diputaciones un aliciente para «aumentar la inversión extranjera».

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