Hacienda confirma el nuevo modelo de financiación autonómica y Barbón advierte de que será «muy exigente»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, no ha tardado en reaccionar ante este anuncio. El líder regional ha asegurado es que será «muy exigente» y que pensará únicamente «en los intereses de Asturias» con esta nueva propuesta de financiación autonómica. Lo ha dicho después de ese anuncio del Gobierno central de que, tras el verano, enviará su propuesta, que realizará un cálculo de cada territorio ponderando sus necesidades según determinados criterios, como la población envejecida y la dispersión de la población. Barbón, que desconoce aún ese modelo de financiación por lo que evitó hacer valoraciones sobre su contenido, quiso dejar claro que si las políticas del Gobierno central «son injustas para Asturias, o creo que no significan un avance» para la región «me plantaré».

El jefe del Ejecutivo regional advirtió, no obstante, que la posición asturiana no cambia respecto a lo acordado con los grupos políticos parlamentarios y que pasa por «defender una financiación justa para prestar unos servicios de calidad, para proteger a nuestras personas mayores, para mejorar nuestra sanidad y nuestra educación y para tener en cuenta la situación del medio rural». «Cuando la conozca opinaré pero siempre pensando en los intereses de Asturias», concluyó.

Las regiones presentaron el pasado mes de enero alegaciones a la propuesta inicial –también vinculada a la población ajustada– que el departamento de Montero les había remitido un mes antes, en diciembre de 2021. Las ocho comunidades menos pobladas (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria) reclamaban un acuerdo global que garantice que los territorios menos poblados no tienen que gastar más para cubrir los mismos servicios que territorios con la población concentrada en áreas urbanas. La fórmula de Hacienda, según el anuncio de Montero, iría encaminada a satisfacer las peticiones de todos ellos.

Distinto caso representan la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, que también apoyaban un criterio de población ajustada, pero exigiendo corregir su supuesta infrafinanciación histórica. Montero aseguró sobre estas tres últimas que las regiones gobernadas por el PP –la valenciana también lo solicita a pesar de que su presidente, Ximo Puig, es socialista– deben primero ponerse de acuerdo para «no defender propuestas desiguales». Y en el tercer frente se sitúan Madrid, Cataluña o Baleares, que llevan tiempo exigiendo que el modelo recoja una correlación real entre lo que aporta una región al sistema y lo que recibe posteriormente.

A esas alegaciones el Ejecutivo se ha comprometido con poner encima de la mesa una propuesta definitiva a partir de septiembre. No obstante, Montero lamenta que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) las posiciones entre las comunidades siguieran enfrentadas y recrimina al PP que sus presidentes autonómicos sostengan posiciones distintas. «La respuesta ha sido desigual dependiendo de si el PP gobierna en Galicia, Madrid o Andalucía. ¿El señor Feijóo está de acuerdo con lo que promueve el señor Moreno, que es reparto por población? ¿O lo está con Díaz Ayuso?», apuntó la titular de Hacienda en una entrevista en la agencia EFE tras hacer hincapié en que el Ejecutivo «no se ha quedado de brazos cruzados».

De hecho, la también vicesecretaria general del PSOE aprovechó la ocasión para sacar pecho del bagaje del Gobierno de Pedro Sánchez. Según Montero, Hacienda ha transferido más de un 40% añadido de recursos (178.000 millones) que durante el gobierno de Mariano Rajoy. Y en el Consejo Fiscal del pasado 27 de julio, la dirigente socialista anunció que las comunidades recibirán 134.336 millones de euros en 2023, los mayores recursos de su historia.

Un balance muy positivo para el Ejecutivo que desde el PP salieron a desdeñar de forma inmediata. El vicesecretario económico de los populares, Juan Bravo, criticó la inactividad que, a su juicio, ha caracterizado al Gobierno en este campo durante los últimos cuatro años. También dejó entrever que el modelo actual ya no se cambiará en lo que queda de legislatura. «Los hechos y los antecedentes hacen pensar que esa no es la voluntad», afirmó tras recordar que fue la propia Montero quien anunció la semana pasada a los consejeros autonómicos la imposibilidad de acometer una reforma del sistema en la actual legislatura al no ponerse de acuerdo las comunidades.

Un respaldo –el de las regiones– que no sería suficiente si la propuesta no obtiene el respaldo mayoritario de la Cámara baja una vez llegue al Congreso de los Diputados. Y para ello, sostiene la vicesecretaria general de los socialistas, que el PP adopte una posición común en cuanto al modelo que quiere adoptar en los territorios en los que gobierna es algo imprescindible.