Nueve colegios de abogados, multados por el cobro coordinado de tasas a afectados bancarios

El regulador ha impuesto esta sanción, que se distribuye entre los Colegios de Barcelona (620.000 euros), Valencia (315.000), Sevilla (145.000), Vizcaya (125.000), La Rioja (90.000), La Coruña (65.000), Santa Cruz de Tenerife (65.000), Albacete (20.000) y Ávila (10.000). Lo hace alegando que estos organismos realizaron una «recomendación colectiva de precios». La investigación ha puesto de manifiesto que habían «elaborado, publicado y difundido baremos de honorarios», una práctica que no está autorizada.

La legislación determina que las tasas que aplican los abogados deben fijarse libremente, ya que no existe ningún sistema arancelario en los servicios prestados por los profesionales de la defensa jurídica. «Sus honorarios no se fijan por ley o norma en atención a distintos conceptos y cuantías», recuerda el organismo competente. «Actualmente los honorarios de abogados tampoco están sometidos al sistema de tarifas mínimas», indican en esta institución.

La propia Ley de Defensa de la Competencia prohíbe «todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva» que pueda «impedir, restringir o falsear la competencia». Además las normas en vigor prohíben expresamente a los Colegios establecer guías «ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla» al respecto, tal y como recuerda la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un comunicado.

La multa ha llegado casi dos años después de que Bankia denunciara la actuación de los despachos de abogados en cuanto a las costas de los pleitos que plantearon los pequeños accionistas al reclamar las cantidades invertidas en la salida a Bolsa del banco, en julio de 2011. El conflicto entre la entidad financiera y los bufetes implicados en ese proceso judicial vienen de largo. Hace ahora un año, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, acusó a algunos de ellos de aportar «información tergiversada» a sus clientes para convencerles de que continúen con los litigios. «Una mayoría asesora de forma impecable. Pero rogaría a los despachos de abogados que aplicaran los criterios éticos y deontológicos para transmitir la oferta de Bankia tal cual es. El deber de todo abogado es defender los intereses del cliente», afirmó en la última junta de accionistas. «No es aceptable la desinformación ni el engaño», remató.

Lo que indirectamente planteaba el ejecutivo del banco es que existía un conflicto de intereses en la actuación de algunos despachos especializados en causas bancarias. Bankia detectó misivas remitidas a afectados en las que se exponían datos inciertos. «No es verdad que los afectados tengan que pagar las costas, porque las asume el banco; ni que se les aplique una retención del 19%, porque el tratamiento fiscal es el mismo que habrían obtenido con una sentencia favorable», puntualizó Goirigolzarri.

El grupo controlado por el Estado es la entidad más afectada por la acumulación de causas judiciales, que ha arrastrado como consecuencia de la gestión previa a Goirigolzarri al frente de la presidencia. A las demandas de la OPV de 2011 se le unen las relacionadas con la comercialización de las participaciones preferentes así como por la gestión en la venta de las hipotecas con cláusulas suelo. En el caso de la salida a Bolsa, el grupo optó por cerrar acuerdos con siete despachos de abogados que permitían poner fin unas 10.000 demandas presentadas por los minoritarios, ya que estos accionistas podrán recuperar su inversión a través del procedimiento de compensación abierto por la entidad en su momento.

La proliferación de bufetes especializados en causas bancarias ha sido constante en los últimos años. El último caso en el que están asesorando es en el relacionado con el pago de los gastos hipotecarios, aunque un fallo del Supremo ha excluido de la devolución de estas cantidades las derivadas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos Jurídicos Documentados.