Los ojos -y sobre todo los bolsillos- de cerca de 32 millones de españoles estaban hoy puestos en el Congreso. Sus señorías, los 350 diputados que conforman la Cámara Baja, tenían la llave para congelar la nómina de los más de diez millones de pensionistas ( ... incluidos aquí también los funcionarios de las clases pasivas), así como de los 673.000 hogares que cobran el ingreso mínimo vital, e incluso para no recortar la de los más de 21,3 millones de trabajadores dados de alta en el sistema.
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El no del Congreso al real decreto ómnibus deja perdedores y ganadores, porque en esta ley que no verá la luz se habían incluido, como un 'totum revolutum', medidas de tal calado como la subida de las pensiones y del ingreso mínimo vital, la puesta en marcha del nuevo impuesto para las rentas altas (la cuota de solidaridad) o el incremento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para pagar las jubilaciones del 'baby boom'. Pero también este decreto ha incorporado la prórroga de las ayudas al transporte, la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables o la cesión al PNV del palacete de París que ocupa el Instituto Cervantes, que también fue sede del Gobierno vasco en el exilio.
Finalmente la mayoría de los diputados votaron 'no' y, por tanto, los más de diez millones de pensionistas deberían quedarse ya en enero con sus nóminas congelas. Sin embargo, recibirán ese 2,8% de revalorización, en línea con la inflación, debido a que Seguridad Social ya había llevado a cabo todos los trámites y dado orden a los bancos para el abono de la nueva renta aumentada, puesto que el read decreto ley ha estado vigente hasta hace escasas horas, según confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio de Seguridad Social.
También tendrán en enero la subida del 9% las más de 700.000 personas que cobran una pensión no contributiva y otros tantos hogares que disfrutan de una renta mínima por no llegar a alcanzar un ingreso digno, así como las nóminas de cerca de 2,1 millones de beneficiarios de una pensión mínima se elevarán un 6% en enero.
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Sin embargo, la subida prometida para febrero peligra, porque ahí ya el real decreto ley no está en vigor y podría suceder que volvieran a cobrar lo mismo que el pasado diciembre, según admitieron desde Seguridad Social. Sin embargo, casi con toda seguridad que esto no ocurrirá y ya encontrará el Gobierno una forma de mantener la subida todo el año.
En la otra cara de la moneda, los más de 21,3 millones de afiliados se verán beneficiados tras decaer este real decreto, puesto que el Gobierno no podrá hacer efectiva la triple subida de cotizaciones que dispuso para llenar la hucha de las pensiones. Así, no podrá aplicarse el aumento de una décima del mecanismo de ajuste hasta el 0,8% de las cotizaciones, y se quedará en el 0,7% actual, una medida que impacta en todos los trabajadores, también en los autónomos.
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De igual manera, el Gobierno tampoco podrá elevar un 4% las bases máximas a esos 1,2 millones de empleados con salarios más altos, con lo que la cotización más alta se quedará topada en 4.720,59 euros al mes, al menos hasta nuevo aviso. Pero este colectivo de trabajadores con mayores ingresos tampoco tendrán que pagar un nuevo impuesto creado en exclusiva para ellos: la denominada 'cuota de solidaridad', que irá gravando, de forma gradual, la masa salarial de los trabajadores por cuenta ajena que supera la base máxima de cotización (en este caso no afecta a los autónomos).
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