Negro futuro judicial para Rodrigo Rato y la antigua cúpula de Bankia

El tribunal de la Sala Segunda, que estará formado por cinco magistrados y presidido por Miguel Colmenero, revisará las apelaciones contra la resolución de la Audiencia Nacional que consideró a los 65 acusados culpables del delito continuado de apropiación indebida por gastar más de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012 y utilizar los plásticos para uso personal a sabiendas de que era ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la caja extinta, informa Europa Press

El tribunal situó al fallecido Miguel Blesa y a Rodrigo Rato, que fueron sus dos presidentes más controvertidos, «en el punto de partida» de esa «distracción de fondos» y, por ello, también les impuso las penas más altas: seis años de cárcel para el primero frente a cuatro años y medio en el caso del segundo. La tercera persona que destacaron los magistrados en su fallo fue Ildefonso Sánchez Barcoj, «mano derecha» de ambos y exdirector general de Medios. Los tres fueron considerados, asimismo, responsables solidarios del pago de los doce millones gastados.

Respecto a Blesa, el alto tribunal confirmó la resolución de la Audiencia Nacional y determinó que, aunque la responsabilidad penal quedaba extinta tras su muerte, subsistía la acción civil contra sus herederos. Por ello, se le consideró responsable de los 9,3 millones de euros defraudados bajo su mandato.

Ambos exdirectivos expusieron en sus recursos que no existía una prueba de cargo que acreditara su responsabilidad en la práctica de este sistema que nació bajo un acuerdo del consejo de Caja Madrid en 1988. También arremetieron contra la famosa hoja Excel que recogía todos los desgloses de los gastos tildándola de mera «recreación contable» que no podía ser entendida como elemento de prueba.

La Audiencia Nacional impuso además dos años de prisión para el para el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y el exsecretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre. Entre los condenados, también hay un nutrido grupo de representantes sindicales como el exdirigente de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín -el que más dinero gastó, unos 456.522 euros- al que se le impusieron cuatro años de prisión y de la patronal, como el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (dos años).