EL COMERCIO
Jueves, 20 de febrero 2020, 14:41
La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa en la búsqueda de la seguridad en las carreteras. Y es que si a finales de enero anunciaba la incorporación del radar más novedoso de la DGT (el Velolaser), ahora ha anunciado que contará con ... nuevos modelos prácticamente indetectables, que incluso podran llevar consigo aquellos agentes que circulen en moto.
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Se trata de unos cinemómetros «indetectables», que emplean ondas de efectos 'Doppler' para pasar desapercibidos y que además pueden colocarse en cualquier punto kilométrico, ya sea sobre un trípode o en el lateral de un coche de la Guardia Civil. Incluso una patrulla de motoristas puede realizar una verificación de alcoholemia, de drogas o de velocidad con los nuevos modelos.
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Pero a esto hay que añadirle que también cuentan con tecnología 4G, que puede utilizarse a distancia y que además es «indetectale» al utilizar un sensor láser de tecnología 'LIDAR', lo que permite que las motocicletas se encuentren a cualquier distancia del aparato para la notificación de las infracciones, según ha explicado la Guardia Civil a través de un comunicado.
Estos y otros modelos de radares con los que cuenta la Agrupación, están enfocados a la prevención de conductas peligrosas en carretera y a la prevención de accidentes.
Conductas como la que han denunciado los componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de León, después de que dos personas hayan puesto en peligro la seguridad vial con motivo de controles de velocidad efectuados en la A-6 y A-66, donde se detectó a uno de ellos cuando circulaba a una velocidad de 212 kilómetros por hora y otro vehículo de alta gama a 217 km/h.
Los conductores fueron detectados por radares de tráfico los días 15 y 16 de febrero y las diligencias fueron instruidas por Equipos de Atestados e Informes pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de León, y puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de La Bañeza y de León, respectivamente.
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Estas personas podrían ser condenadas a penas de prisión de seis meses a dos años, o multas de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a seis años, ha informado la Agrupación.
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