150 mineros de contratas inician una 'marcha negra' para exigir alternativas

Con funda y cascos, haciendo frente a la fría mañana de Toreno (León), arrancó ayer la marcha minera de la plataforma Santa Bárbara con la que unos 150 trabajadores del carbón de las cuencas mineras de Asturias y León reivindican una transición energética justa y ordenada que contemple una alternativa de futuro para los 800 mineros de contratas, subcontratas y empresas auxiliares que se quedan fuera del plan del carbón 2019-2027. «Es duro, pero hay gente apoyándonos que se va sumando según vamos pasando por los pueblos», explicó el portavoz del colectivo, Marcelino Menéndez. Por delante restan otras cuatro etapas hasta alcanzar la capital asturiana. «A día de hoy los mineros estamos en peligro de extinción. Nos comentaban que en 1992 bajaban mil y pico personas en una marcha de Villablino a Toreno y hoy algunos concejos no los tienen», ejemplificó Menéndez sobre la situación que atraviesan estas comarcas mineras.

Por otro lado, concluida la marcha, anunciaron que esperan reunirse el próximo viernes con el secretario general de la FSA, Adrián Barbón. Será en Cangas del Narcea. «Esperemos que traiga algo bajo el brazo y no venga simplemente a escucharnos y trasladarlo a Madrid. Eso sería un acto protocolario, cumplir expediente», anunció Menéndez. Hoy partirán desde Villablino para alcanzar el concejo de Degaña durante la tarde.

A poco más de un mes para finalizar el año, el futuro de la minería en Asturias es negro como el carbón que se extrae de los yacimientos del suroccidente, el único lugar de la región donde sobreviven los últimos pozos de gestión privada. Carbonar, Uminsa y Astur Leonesa son las empresas propietarias de esas minas. Pero su situación es delicada, ya que las dos primeras están en concurso de acreedores y el pozo asturiano de la tercera se encuentra a la venta como último recurso para evitar la liquidación.

El 31 de diciembre se terminan las ayudas al carbón autóctono. Así lo acordó la Comisión Europea en 2010. El reglamento europeo de subvenciones aprobado por Bruselas no dejaba lugar a dudas: las empresas beneficiarias deben cerrar en esa fecha o, de lo contrario, tienen que devolver las cuantías percibidas. El Gobierno central manifestó su intención de pedir a la Comisión Europea que permita flexibilizar el reintegro de estas cantidades. Pero las autoridades de Bruselas aún no se han pronunciado sobre el acuerdo alcanzado entre los sindicatos, el Gobierno y Carbunión, que incluye el tema de las ayudas.

Así las cosas, los empresarios mineros tienen grandes obstáculos en el día a día. La más perjudicada por la senda tomada por Europa hacia las energías limpias es la Compañía Minera Astur Leonesa, propietaria del pozo Cerredo, en Degaña. A finales de septiembre, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo dio el visto bueno a la propuesta de la administración concursal de poner en venta la mina como última opción antes de proceder a la liquidación de la compañía por falta de actividad que permita obtener recursos. A la espera de que esto pueda suceder -el plazo expira el 15 de enero-, los 170 trabajadores podrán obtener bajas incentivadas, tal y como se recoge en los acuerdos del sector para el fin de las explotaciones.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado se hizo efectivo en octubre. Un retén de 30 empleados se encarga de realizar labores de vigilancia y mantenimiento con el fin último de evitar que la mina se inunde, pues continúa sin suministro eléctrico. Con esta fórmula, al menos, los mineros podrán cobrar el paro, pues ya suman diez meses sin recibir el sueldo. No obstante, el comité de empresa advierte de que, si nadie compra la empresa, entonces habrá un ERE de extinción.

Por su parte, Unión Minera del Norte (Uminsa), con algo más de medio centenar de trabajadores entre los de plantilla y los de contratas, explota el pozo de Pilotuerto, en Tineo, y, además, cuenta con yacimientos en Castilla y León. La empresa, del Grupo Victorino Alonso, logró cerrar un acuerdo con Endesa para suministrar carbón autóctono a la central térmica de Compostilla, en El Bierzo, hasta final de 2018 -Endesa ha anunciado su intención de cerrarla-. La otra cara de la moneda llegó en forma de resolución judicial. El juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo condenó a Uminsa a pagar a Hunosa diez millones por la pérdida de calidad del carbón acumulado en las instalaciones del grupo en el Almacén Estratégico Temporal (AETC).

Respecto a Carbonar, también está en concurso de acreedores desde este año. En el pozo que posee en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) trabajan alrededor de medio centenar de personas, de las cuales cerca del 80% están afectadas por un ERE abierto a raíz de los incendios ocurridos a principios de año en la mina. Entre el 22 y el 23 de enero se declaró un fuego en la planta sexta, lo que obligó a detener la extracción de mineral. Las labores de extinción se prolongaron durante más de un mes y la dirección de Carbonar prescindió entonces de los 120 trabajadores de las tres empresas auxiliares.

En marzo, gracias a la inyección de nitrógeno gaseoso, se dio por extinguido el fuego, que volvería a reavivarse unos días más tarde. Esta realidad obligó a la minera a plantear un ERE que afectó a una treintena de trabajadores. Hay que recordar que, en 2016, las empresas mineras privadas firmaron la autorización del plan de cierre, que era condición indispensable para recibir la ayuda de diez euros por tonelada de carbón facturada.