La minería asturiana, en la encrucijada a menos de un mes de perder las ayudas

Basta con echar un vistazo a las cifras de extracción de carbón de los últimos años. Según las estadísticas recopiladas por la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), en 2011 se extrajeron en Asturias 1.994.000 toneladas, cantidad que descendió de forma drástica en 2013, cuando llegó a 967.000. La explicación a este declive está en «los recortes unilaterales aplicados por el Gobierno en 2012, que llevaron a esa situación», explica el responsable de Minería de CC OO de Industria en Asturias, Jaime Martínez Caliero. Aunque en los dos años siguientes se recuperó ligeramente el volumen de carbón arrancado de las entrañas asturianas, en 2016 volvió a bajar, con 838.000 toneladas cuantificadas. Pero mayor fue el desplome un año después, cuando solo se obtuvieron 431.000 toneladas.

Desde hace un lustro, este retroceso se debe «fundamentalmente al incumplimiento del 7,5% de consumo de carbón autóctono y a la liquidación de empresas del sector», apunta Martínez Caliero. Así las cosas, en el periodo 2011-2017, la extracción de carbón cayó más de un 78% en la región. En la actualidad, solo quedan seis pozos con actividad en Asturias, aunque no significa que de todos ellos se saque mineral. En este sentido, tienen dificultades más acusadas los yacimientos de Carbonar, Uminsa y Astur Leonesa, las empresas propietarias de las minas privadas, todas ellas ubicadas en el suroccidente. Su situación es muy complicada, ya que las dos primeras están en concurso de acreedores y el pozo asturiano de la tercera se encuentra a la venta para evitar la liquidación.

La más perjudicada por la senda tomada por Europa hacia las energías limpias es la Compañía Minera Astur Leonesa, propietaria del pozo Cerredo, en Degaña. A finales de septiembre, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo aprobó la propuesta de la administración concursal de poner en venta la mina como última opción antes de proceder a la liquidación de la sociedad por falta de actividad que permita obtener recursos. La fecha límite para proceder al desmantelamiento de la explotación es el 15 de enero. Según los acuerdos del sector para el fin de los yacimientos, los 170 trabajadores de Astur Leonesa pueden solicitar bajas incentivadas. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se hizo efectivo en octubre. Por el momento, un retén de 30 empleados se encarga de realizar labores de vigilancia y mantenimiento para evitar que la mina se inunde, pues continúa sin suministro eléctrico, suspendido por la compañía suministradora por impago.

Con esta fórmula, al menos, los mineros podrán cobrar el paro, pues ya llevan casi un año sin recibir el sueldo. No obstante, el comité de empresa advierte de que, si nadie compra la empresa, entonces habrá un ERE de extinción. Por su parte, Unión Minera del Norte (Uminsa), con 48 trabajadores entre los de plantilla y los de contratas, explota el pozo de Pilotuerto, en Tineo, y, además, cuenta con yacimientos en Castilla y León. La empresa, del Grupo Victorino Alonso, logró cerrar un acuerdo para suministrar carbón autóctono a la térmica de Compostilla, en El Bierzo, hasta final de 2018. Aunque la alegría ha durado poco, puesto que Endesa acaba de anunciar su intención de cerrar esta central.

Para colmo de males, el juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo condenó a Uminsa a pagar a Hunosa diez millones por la pérdida de calidad del carbón acumulado en las instalaciones del grupo en el Almacén Estratégico Temporal (AETC). Respecto a Carbonar, también está en concurso de acreedores desde este año. En el pozo que posee en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) trabajan 47 personas, de las cuales cerca del 80% están afectadas por un ERE abierto a raíz de los incendios ocurridos a principios de año en la mina.

Entre el 22 y el 23 de enero se declaró un fuego en la planta sexta, lo que obligó a detener la extracción de mineral. Las labores de extinción se prolongaron durante más de un mes y la dirección de Carbonar prescindió entonces de los 120 trabajadores de las tres empresas auxiliares. En marzo, gracias a la inyección de nitrógeno gaseoso, se dio por extinguido el fuego, que volvería a reavivarse unos días más tarde. Esta realidad obligó a la minera a plantear un ERE que afectó a una treintena de trabajadores. Hay que recordar que, en 2016, las empresas mineras privadas firmaron la autorización del plan de cierre, que era condición indispensable para recibir la ayuda de diez euros por tonelada de carbón facturada.

La realidad de la hullera pública es bastante distinta, aunque tiene ante sí un camino lleno de retos. De hecho, la dirección de Hunosa está en plena negociación del nuevo plan de empresa con los sindicatos. En noviembre analizaron el cumplimiento del iniciado en 2013 y que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre y el balance fue negativo. Había dejado de invertir trece millones de euros presupuestados en su plan de promoción industrial, entre otros quebrantamientos relacionados con la diversificación de su actividad.

Porque ahí está el quid del asunto. El secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, reconoce que Hunosa está «muy lejos» del objetivo marcado en ese documento, que no es otro que «eliminar la incertidumbre sobre el futuro de las explotaciones mineras, mediante un plan industrial concreto, a la vez que se articulan medidas sociales y se plantean actividades empresariales alternativas rentables y sostenibles en el tiempo, que permitan minimizar el impacto sobre el personal de Hunosa».

También apunta Alperi «una desviación importante en la producción de carbón» por parte de la hullera pública. El pasado año, la producción bruta fue de 358.000 toneladas, una cifra muy alejada de las 542.000 previstas. De modo que el cumplimiento de los objetivos se quedó en el 66%. A pesar de las dificultades, Hunosa encara una nueva etapa decidida a no perder ni una batalla más. Tiene el aval del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció que situará a la empresa «a la vanguardia». Aunque de una manera muy diferente de como lo hizo en la década de los setenta. Es decir, con actividades económicas alternativas a la extracción del carbón. Un camino que ya emprendió años atrás con la venta de energía producida en su térmica de La Pereda, en Mieres, y con el impulso a proyectos de geotermia, entre otras iniciativas. Alperi tiene claro que Hunosa alcanzará las metas fijadas. «Entre nuestros objetivos está mantener la actividad extractiva del carbón y profundizar en una diversificación que transforme a Hunosa en un grupo industrial energético», subraya el líder de SOMA-Fitag-UGT. Para ello, cuenta con un nuevo equipo directivo desde julio, encabezado por Gregorio Rabanal.

Hunosa aspira a tener herramientas para tejer un futuro que ofrezca oportunidades a los vecinos de las comarcas mineras. Cuenta con poco más de mil trabajadores en plantilla, otros 250 en contratas de interior de mina y 200 más en empresas que realizan labores en el exterior. Aunque es obvio que necesitará el respaldo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo público a quien pertenece. La culpable, según los sindicatos, de los incumplimientos del plan de empresa.

Tiene tres pozos activos: el San Nicolás (Mieres), con 319 trabajadores en el área de Sueros; el Santiago (Aller), con 275, y el Carrio (Laviana), con 121. La plantilla se completa así: oficinas centrales (103 trabajadores), talleres Santa Ana (4), térmica de La Pereda (42), servicios comunes del Nalón (25), área de Modesta (28), lavadero Batán (24), escombrera de Figaredo (8) y postminería (59). Empresa y sindicatos consensuarán las directrices que deberá seguir Hunosa para volver a ser ese motor de desarrollo, aunque con menos revoluciones que antaño.