Miles de funcionarios se manifiestan por la continuidad de Muface

«No descartamos ninguna medida de presión, incluida una huelga en las administraciones públicas», ha advertido el presidente de CSIF, Miguel Borra, al tiempo que ha criticado que partidos de Gobierno como Sumar no apoyen la continuidad del sistema. También ha denunciado que este colectivo no puede asumir la presión a la que les están sometiendo tanto el Gobierno como las aseguradoras con retrasos en las citas de las pruebas médicas. «No se merecen los funcionarios que con el servicio que dan al ciudadano, se desatienda su situación sanitaria», ha afirmado Borra.

«Hasta el 31 de enero de 2025 viene recogida la prolongación del convenio actual», ha puntualizado el representante de los funcionarios para añadir que existen «centenares de correos electrónicos» que recogen las denuncias y reclamaciones de los afectados por esta crisis en el sistema sanitario.

Por su parte, la vicesecretaria de sanidad y educación del PP, Ester Muñoz, presente en la manifestación, ha cargado contra el Gobierno al que ha acusado de «generar un problema donde no lo había» y crear una «situación insostenible» por esta crisis de Muface alegando que es un «modelo que ha sido positivo» durante los últimos años.

«Hay muchos funcionarios, mayores y jubilados incluso, que sienten incertidumbre, que no saben si van a tener que cambiar de médico», ha asegurado.

El sindicato de trabajadores públicos ha llevado a Bruselas las «cientos» de quejas que han recibido en las últimas semanas por parte de los mutualistas en las que denuncian que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario.

Estas quejas fueron denunciadas por el sindicato ante el Defensor del Pueblo el pasado lunes y registradas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que los grupos parlamentarios propongan iniciativas en defensa de la asistencia sanitaria que reciben los 1,5 millones de mutualistas de Muface.

Con la presentación de estas quejas en Bruselas, desde el sindicato buscan que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión sepan de la situación en la que se encuentran los trabajadores públicos y sus familiares asistidos por Muface para que «emprenda las acciones que considere necesarias».

Las tres aseguradoras que ahora prestan atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 convocada por la dirección de Muface porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12%, por debajo de la petición de las aseguradoras, que estaba en torno al 40%.

Al quedar desierta la licitación, el Gobierno abrió un plazo de diez días hábiles, desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre, para que las aseguradoras notificaran a Muface a qué precio prestarían el servicio sanitario, especificando las primas fijas que se tendrían que abonar por cada grupo de edad para cada ejercicio del nuevo concierto (2025, 2026 y 2027).

La primera licitación para el concierto abarcaba el periodo 2025-2026, pero la consulta preliminar establece un periodo de vigencia estimado del nuevo concierto de tres años, de 2025 a 2027.

Tras finalizar el plazo de la consulta, Muface ha recopilado las contestaciones presentadas en un informe final en el que indica que las aseguradoras DKV y Asisa no han aportado a Muface «evidencia de costes» sobre el total de la prima que han sugerido a la mutualidad para el nuevo concierto de asistencia sanitaria, mientras que Adeslas no ha participado en dicha consulta preliminar.

Con la información recabada en esta consulta, y con este informe, el Gobierno tiene previsto lanzar una nueva licitación para el concierto de asistencia sanitaria privada de los funcionarios de Muface antes de final de año, según ha indicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.