El Principado vigilará que no exista un «agravio comparativo» frente a otros países

El Principado reconoció ayer que el resultado de la subasta eléctrica «no es una buena noticia para la industria y hace más necesario que nunca, aún si cabe, la inmediata existencia de un Gobierno de la nación plenamente operativo» para aprobar, a la mayor brevedad, el estatuto de las electrointensivas. Un compromiso que adquirió el Ejecutivo de Pedro Sánchez que debía estar listo antes de las elecciones generales del 28 de abril. No ha sido así. Aunque el Principado destacó los «reparos» de la Unión Europea a este sistema de retribución, por considerarlo ayudas de Estado, subrayó que las empresas que prestan un respaldo en la seguridad del sistema eléctrico «deben tener una adecuada remuneración».

Asimismo, puso en valor el incremento en las compensaciones de costes de emisiones indirectas de CO2, que «alivia en parte el resultado de las subastas de interrumpibilidad», ya que para este año aumentaron en 81 millones de euros, hasta los 172,23 millones, lo que supone «el 95 % de los costes incurridos». Además de insistir en la necesidad de que Bruselas aplique ajustes en frontera al acero 'sucio', el Principado aseguró que vigilará los servicios de interrumpibilidad de otros países europeos. El objetivo es comprobar que se ajustan a la regulación, «de modo que tampoco se estén permitiendo en otros países comunitarios ayudas susceptibles de ser consideradas ayudas de Estado, lo cual supondría un agravio comparativo intolerable para los intereses de nuestra región», recalcó el Ejecutivo autonómico.

Los sindicatos acogieron con gran enfado el resultado de la subasta. «Es un resultado catastrófico», declaró el secretario general de UGT-FICA de Asturias, Jenaro Martínez, que alertó de la «debacle» que puede suponer el histórico recorte de las compensaciones para la industria asturiana.

Así, el sindicato plantea llevar a cabo movilizaciones en la segunda quincena de enero para reclamar al Gobierno medidas que garanticen la competitividad de las compañías españolas. Por su parte, CC OO ya había anunciado protestas la semana pasada. «Se cumplen los peores presagios», lamentó el secretario general de la federación de Industria, Damián Manzano, que responsabiliza de la situación a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.