Principado y ganaderos culpan a la distribución de abocar a los pactos de precios en la leche

Oviedo. Al malestar y preocupación en el sector lácteo tras las millonarias multas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a la práctica totalidad de las empresas, entre ellas a las asturianas CAPSA y Central Lechera, se sumó ayer el sentimiento unánime de los gobiernos nacional y regional, ganaderos y sindicatos agrarios de que es la gran distribución la que está abocando a las industrias a las prácticas que Competencia considera probadas en su resolución: intercambio de información estratégica para, en última instancia, controlar el mercado de aprovisionamiento de leche.

Así, mientras las compañías asturianas afectadas optaron por guardar silencio limitándose a manifestar que «no llevaron a cabo ninguna práctica que esté fuera de la legalidad», el resto de los actores implicados las reconocieron de manera implícita al responsabilizar al otro gran sector de la cadena alimentaria, el que, dicen, más presión mete, de estar forzando los pactos de precios denunciados. «La distribución condiciona más los precios de la leche que las industrias lácteas», remarcó el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. Sindicatos como UCA acusan a empresas distribuidoras de «practicar una política terrorista». También el Gobierno central trató de terciar en la polémica. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, fue tajante al asegurar que la sanción puede afectar «severamente» a la industria y al sector ganadero. «Espero que no tenga consecuencias para esta industria y que no sea perjudicial para los ganaderos». García Tejerina subrayó que el objetivo de la Ley de la Cadena Alimentaria es precisamente evitar prácticas comerciales abusivas y la denominada venta a pérdidas, al tiempo que manifestó que la voluntad del Gobierno es que sea una ley «disuasoria», cuyo objetivo «no es poner multas por poner».

Aunque no hubo declaraciones oficiales, la preocupación por la sanción impuesta era notable ayer entre los directivos de CAPSA, que ostenta el liderazgo en España en el segmento de leche líquida, con un 11,5% de cuota, y para la que afrontar la multa supondría en buena medida la pérdida de su viabilidad futura. La empresa remitió ayer correos electrónicos a sus principales clientes en los que dejan claro su desacuerdo con la sanción, que será recurrida. Fuentes del entorno de la láctea aseguran que, de tener que pagarla, sus reservas se verían comprometidas en más de un 50%. Tampoco Pedro Astals quiso ayer hacer declaraciones. Actualmente es el presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, pero estuvo casi 20 años vinculado a CAPSA. Llegó a la dirección de Clas en 1993 de la mano de Jesús Sánez de Miera y hasta 2013 fue el primer ejecutivo de CAPSA.

En la planta de la compañía en Granda los representantes de los trabajadores convocaron una reunión de urgencia para analizar las repercusiones de la medida. Reconocieron que están «expectantes y muy preocupados» por el impacto que pueda tener este asunto sobre las inversiones que la empresa necesita. Los sindicatos agrarios, por su parte, creen que la sanción anunciada puede ser el primer paso para «evitar los abusos de las empresas lácteas». Joaquín López, secretario general de UCA, mostró su «decepción» por que la sanción no alcance a la gran distribución, que es, a su juicio, «el verdadero culpable del hundimiento del precio de la leche y de la crisis de la ganadería de leche en España».

Según López, «algunas empresas que practican una política terrorista en la distribución se van de rositas y otras como CAPSA, que tiene base social y donde son los propios socios y ganaderos los que marcan los precios, salen como la grandes damnificadas». La distribución utiliza la leche como producto reclamo y ahora que las empresas van a estar más débiles van a seguir atornillándolas». El secretario general de UCA cree que «si la administración no tiene las cosas claras, la industria hará la provisión de fondos para pagar la multa recortando los precios a los ganaderos».

«Advertencia» a la industria

Desde Asaja, Ramón Artime ve las multas como una «seria advertencia» a la industria para que «haga las cosas de otro modo». Artime, que también es el actual presidente de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), cree que la multa «viene a confirmar» que las empresas mantenían «acuerdos entre bastidores», pero dijo que las sanciones «no son nada bueno para el sector» lácteo en general.

Mercedes Cruzado, secretaria general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), fue más lejos, al asegurar que «las sanciones eran necesarias porque las empresas se están cargando el sector. Todos los ganaderos suponíamos que se ponían de acuerdo para bajar los precios y eso era algo que vivíamos y se dejaba ver claramente». Cruzado mostró su sorpresa, sin embargo, por el hecho de que las sanciones hayan alcanzado a Clas ya que, según dijo, «las diferencias de precios entre lo que cobran los ganaderos de la Central y el resto son abismales». Cruzado confirmó las prácticas de las empresas lecheras con los ganaderos, que calificó de «abusivas» y recordó que «llevamos muchos años» reclamando una solución que no acaba de llegar. «Los contratos nos los mandan por los repartidores de leche y si quieres los firmas y si no te quedas sin trabajo. Un buen día te dejan de recoger la leche y al día siguiente aparece una nueva empresa sin explicación alguna, solo por los acuerdos que tienen entre ellos», abundó. La dirigente sindical cree que los ganaderos acudirán a los tribunales para defender sus derechos y pide que las sanciones redunden en beneficio de los más perjudicados. A la espera del resultado de los recursos anunciados por las afectadas, está por ver si las diferentes industrias dan un paso al frente y asumen su responsabilidad adoptando medidas que ayuden a aumentar la trasparencia y eliminen las desventajas a las que, dice, debe enfrentarse el sector primario.

El campo, en shock

Y es que si a alguien ha dejado en estado de shock la multa de Competencia ha sido al campo asturiano y de forma muy particular a los socios de la SAT que han visto con impotencia cómo una sociedad de ganaderos que nació precisamente para hacer frente a la gran industria láctea está hoy en la palestra como cabeza visible de una estrategia empresarial para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche en detrimento del ganadero.

Hay que tener en cuenta que Central Lechera, accionista mayoritaria de CAPSA, es la imagen visible del grupo industrial de cara a la opinión pública. De ahí que entre los ganaderos consultados sea unánime el sentimiento de corazón partido. Por un lado, porque, como «propietarios de la empresa» se sienten en la obligación de tratar de «minimizar daños» sin que eso les exima de exigir de forma interna las responsabilidades que pudiera haber en estas prácticas. Algunos socios hablaban ayer, de hecho, de «sanción tremendamente desproporcionada». Por otro, porque como ganaderos se sienten «directamente perjudicados» por unas prácticas que, asumen, no eran desconocidas en el sector. «Acuerdo entre industrias siempre hubo», confía uno de los ganaderos consultados. Considera que Competencia «ha cogido de los pelos al sector» y temen que algunas empresas de capital español «tengan que entregar las llaves» en detrimento de grupos foráneos como Lactalis, con mayor pulmón financiero y que «podría pagar la multa «mañana mismo». Su temor es precisamente que alguno de estos grupos pueda aprovechar la mayor debilidad de las compañías españolas para hacerse con el sector lácteo nacional.