Veinte días que llevaron a Madrid el calor del carbón

Admiten que hubo días de incertidumbre, de dolor, incluso de miedo. Pero cuando se les pregunta qué sienten cuando rememoran aquellos días pronuncian las palabras «orgullo», «dignidad», «unidad», «solidaridad». La mayoría de ellos coge aire antes de contestar, tratando de contener la emoción que les atraviesa. No todos lo consiguen y se les nota en la voz, a algunos también en la mirada. Porque «hay experiencias que te marcan para toda la vida» y, sin duda, la 'marcha negra' que en 2012 llevó la protesta minera al corazón de Madrid es inolvidable para quienes la convirtieron en un símbolo de la lucha obrera.

La marcha minera de hace diez años, la tercera y última en la historia del sector en España, comenzó el 22 de junio. Ochenta mineros salieron de Mieres para caminar 450 kilómetros y llegar a Madrid veinte días más tarde. Se había convocado una manifestación para el 11 de julio en la capital en la que participarían los mineros asturianos y los integrantes de las columnas que habían partido el mismo día desde las provincias de León y Teruel. Querían dejar claro al Gobierno de Mariano Rajoy que rechazaban el «brutal» recorte del 63% a las ayudas a la extracción de carbón, una decisión que, según advertían entonces los sindicatos, supondría «el fin» de un sector que sostenía unos 4.000 empleos directos en quince centros de trabajo en las cuencas del Nalón, el Caudal y el suroccidente.

La asistencia a aquella manifestación multitudinaria superó las previsiones más optimistas de los sindicatos, cuyos afiliados nunca habían imaginado cómo les recibieron a su llegada al centro de Madrid la noche anterior. Es un recuerdo que atesoran con especial cariño los diez trabajadores de la minería que, reunidos junto al pozo San Nicolás –el único del que se sigue extrayendo mineral en Asturias–, han reflexionado para EL COMERCIO sobre lo que representó aquella emblemática 'marcha negra'.

«Se pretendía recuperar las ayudas y eso no se consiguió, pero sí que la gente venciera la resignación, el letargo en el que nos había metido el 'austericidio' del PP. Madrid fue un antes y un después de la marcha minera». Las palabras son de José Luis Fernández Roces, secretario de Organización del SOMA-Fitag-UGT, pero la reflexión es compartida por todos ellos. «Trasladamos el mensaje de dignidad y lucha obrera, de defensa de unos puestos de trabajo y de las comarcas mineras. Nuestra reivindicación era sectorial, pero fuimos viendo que aquellos recortes y aquella brutalidad se trasladaron al resto de la sociedad, que estaba silenciada y con miedo», anota Conchi Alonso, que relató su viaje a pie hacia Madrid en las páginas de la edición impresa de este periódico.

Para esos colectivos que también se vieron afectados por los recortes los mineros fueron un ejemplo, cuando no una inspiración. Así lo entiende Adrián Miguel, secretario general de CC OO en Hunosa: «Demostró que cuando la minería se une y lucha despierta a un país. Después de aquella marcha vinieron las mareas de sanidad, educación y demás. Fuimos la punta de lanza». Hasta el punto de que muchos de esos colectivos se sumaron a aquella gran manifestación del 11 de julio, celebrada pocas horas después de una marcha nocturna que, a la luz de las frontales y al compás del 'En el pozo María Luisa', abarrotó la Puerta del Sol.

La marcha, que transcurrió mientras varios mineros permanecían encerrados en los pozos –«ellos vivieron lo más duro»– y en medio de una huelga indefinida en el sector que se prolongó más de dos meses, no evitó el cierre de la mayoría de los yacimientos asturianos, fijado para el 31 de diciembre de 2018, pero dio a los trabajadores del carbón un mejor plan social y «que se respetara una reestructuración con una transición que permitiese a las comarcas mineras ir buscando otras salidas, estabilizar el empleo y buscar alternativas. Se ganó tiempo», anota Alonso.

Más crítico es Adrián Miguel, quien afirma que «no hubo transición, hubo ruptura. Cerraron lo que había sin alternativas y cuatro años después aún no han llegado. No hay ninguna actividad que cubra el empleo que se pierde, año tras año, en la minería». Una lectura similar hace Jaime Martínez, secretario general de CC OO en Hunosa hace una década: «La única transición que se hizo fue cerrar. No existe ni va a existir; lo que sí existe es una deuda histórica con estos territorios».

La situación fue más dura, si cabe, en el suroccidente. En Cerredo, al cierre de las empresas mineras se sumaron sucesivos procesos concursales que dejaron a muchos trabajadores al borde del precipicio: «Al mes y medio de ir a Madrid nos hicieron el primer ERE y muchos tenían que ir a la mina sin cobrar. Todavía hay gente a la que deben entre 20.000 y 150.000 euros», recalca Luis Manuel Fernández, prejubilado de Hullas de Coto Cortés (HCC).

Pero el ocaso de la minería del carbón en los concejos de Degaña, Ibias, Tineo y Cangas del Narcea dejó otras realidades tras de sí: «Muchos compañeros de treinta a cuarenta años quedaron directamente en la estacada, sin poderse prejubilar ni nada»; y los trabajadores de las contratas, añade Fernández, «que nos ayudaron mucho, pero quedaron ahí...». Para unos y otros, su petición a empresas energéticas y poderes públicos es sencilla, aunque rotunda: «Que nos dejen trabajar».

Pero tras el cierre de los pozos y el proceso de desmantelamiento de las térmicas, ¿hay futuro para los mineros y las comarcas mineras? Los fondos para la transición energética y los recursos Next Generation abren una ventana a la esperanza. Gerardo Cienfuegos, responsable de Minería del SOMA en 2012, aún se pregunta «dónde están los trabajos alternativos» porque «la contraprestación nunca existió». Y eso que «hay gente formada, hay espacio y comunicaciones» en estos territorios. Por esto, defiende la posibilidad de que recale en las cuencas una fábrica de microchips, un ejemplo al que Adrián Miguel añade el de una planta de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos o una fábrica de placas solares: «Hay polígonos, hay fondos, pero faltan proyectos y políticas encaminadas a que haya iniciativas privadas que se asienten en las comarcas mineras», lamenta.

¿Y el carbón? Ahora que Europa plantea usar más para reducir la dependencia del gas ruso vuelve el debate sobre la reserva estratégica de mineral que hace diez años defendían las centrales sindicales. «Nadie se dio cuenta del error de acabar con la reserva estratégica», critica Cienfuegos, que cree que «la descarbonización tan acelerada de la ministra Ribera no hacía falta». Un argumento similar enuncia Martínez: «No entiendo que ningún Gobierno se diese cuenta de que pedíamos una reserva estratégica por si acaso. El Gobierno actual quiere seguir tirando para adelante, pero entendemos que se están equivocando. El precio de la energía sería otro si siguiésemos extrayendo una reserva estratégica».

Ahondando en esta idea, José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en Asturias, que vivió las movilizaciones de 2012 como líder del sindicato en el valle del Nalón, reflexiona: «Lo vemos con el carbón y también con el aluminio primario, con el caso de Alcoa: son sectores estratégicos que un país soberano tiene que tener capacidad de producir».

Zapico defiende que «Europa necesita un mix energético diversificado con todas las fuentes de energía posibles para garantizar la soberanía energética», por lo que insta al Gobierno a «tirar del freno de mano» y repensar «esta transición energética alocada y acelerada»: «España tiene que seguir produciendo carbón mientras no haya un desarrollo tecnológico de las renovables que garantice la suficiencia energética del país», sostiene. Y se muestra convencido de que «Asturias tiene oportunidades ciertas con la fabricación de componentes de energías renovables», aunque su «fórmula ganadora» requiere mantener la industria actual y darle tiempo suficiente para que acometa los cambios que exige una producción más sostenible.

En ese futuro marcado por la transición energética y la diversificación económica de las cuencas, Hunosa tiene un papel protagonista. «Las comarcas mineras se lo han dado todo al país en forma de trabajo y recursos naturales y mientras se generan puestos de trabajo alternativos a la minería o de las térmicas no se puede permitir que cierre la única mina que tenemos y Hunosa debe seguir siendo un jugador fundamental», asevera Zapico.

Fernández Roces, por su parte, cree que la compañía minera debe avanzar en su transformación «definitiva en una empresa pública y medioambiental», un camino que conlleva que «la térmica de La Pereda vaya a una hibridación de biomasa y CSR -combustible sólido recuperado-». El secretario de Organización del SOMA sugiere también que el Estado recupere las concesiones de aprovechamiento hidráulico y que la empresa minera se convierta en una auténtica energética pública: «Con todo ello se puede mantener un empleo sostenible, de calidad y cuantitativamente importante», afirma.

El camino de la transición energética de la minera pública también lo defiende Conchi Alonso: «En el mix energético, el carbón tiene su participación, pero estamos en una empresa pública que está trabajando por hacer una transición hacia energías verdes -geotermia, biomasa- y es una apuesta que necesita tiempo y compromiso. Y venimos del carbón».

Para avanzar hacia ese futuro hay un plan de empresa vigente hasta el año 2027 y, «si se cumple, habrá diversificación, empresas y alternativas a la actividad extractiva del carbón», sostiene José Ángel Dosantos, trabajador del pozo San Nicolás, quien asegura que volvería a movilizarse «ahora mismo» como lo hizo en 2012 porque, en palabras de su compañero de empresa José Manuel Guerra, «lo poco o mucho que tenemos ahora viene del empuje de hace diez años. Si no lo hubiéramos hecho, no tendríamos ni la mitad de lo que tenemos». «Y si nos dejan -añade-, los que quedamos todavía podemos dar el último empujón».

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